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 Asunto: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Vie Oct 30, 2009 2:15 pm 
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Hola. No soy nuevo en el foro, pero llevo sin entrar aquí como que a un año :?

Voy a opositar para Auxiliar Judicial, pero mirando en una academia las funciones, una de las que me han llamado la atención ha sido esta:

Notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.
 Ejecución de embargos, lanzamientos y otros actos que lo requieran.
 Actuar como Policía Judicial. Archivo de autos y expedientes.
 Desempeño de las jefaturas que le estén asignadas.

Me recuerda a esto del SVA (los aduaneros) que no son policía pero son para-policiales (perdón por la palabreja). Bueno, no pensaba que pudiera hacer funciones para-policiales, pero soy practicante de taekwondo :lol: .

En resumen: ¿podéis aclararme esta dudilla? Gracias


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Vie Oct 30, 2009 2:43 pm 
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Jagiello escribió:
Hola. No soy nuevo en el foro, pero llevo sin entrar aquí como que a un año :?

Voy a opositar para Auxiliar Judicial, pero mirando en una academia las funciones, una de las que me han llamado la atención ha sido esta:

Notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.
 Ejecución de embargos, lanzamientos y otros actos que lo requieran.
 Actuar como Policía Judicial. Archivo de autos y expedientes.
 Desempeño de las jefaturas que le estén asignadas.

Me recuerda a esto del SVA (los aduaneros) que no son policía pero son para-policiales (perdón por la palabreja). Bueno, no pensaba que pudiera hacer funciones para-policiales, pero soy practicante de taekwondo :lol: .

En resumen: ¿podéis aclararme esta dudilla? Gracias


Para actuar como policia judicial solo pueden FCSE es decir policia nacional y guardia civil, locales y autonómicas solo ayudan, SVA nada

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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Dom Nov 01, 2009 12:52 pm 
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:? Aquí hay una contradicción, por una parte lo que dices tú que solo pueden actuar los FCSE pero en las academias vuelven otra vez con eso de que pueden actuar como policía judicial (¿con pistola incluso?).


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Mié Nov 04, 2009 12:44 pm 
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Actuaras como policia judicial en la tramitación de autos y demas-

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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Dom Abr 04, 2010 4:05 pm 
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Loes escribió:
Jagiello escribió:
Hola. No soy nuevo en el foro, pero llevo sin entrar aquí como que a un año :?

Voy a opositar para Auxiliar Judicial, pero mirando en una academia las funciones, una de las que me han llamado la atención ha sido esta:

Notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.
 Ejecución de embargos, lanzamientos y otros actos que lo requieran.
 Actuar como Policía Judicial. Archivo de autos y expedientes.
 Desempeño de las jefaturas que le estén asignadas.

Me recuerda a esto del SVA (los aduaneros) que no son policía pero son para-policiales (perdón por la palabreja). Bueno, no pensaba que pudiera hacer funciones para-policiales, pero soy practicante de taekwondo :lol: .

En resumen: ¿podéis aclararme esta dudilla? Gracias


Para actuar como policia judicial solo pueden FCSE es decir policia nacional y guardia civil, locales y autonómicas solo ayudan, SVA nada



El SVA actua como Policia Judicial en la investigación de delitos relativos a sus competencias, ya sea contrabando, blanqueo de capitales....

En el desarrollo de esa función sus funcionarios realizan escuchas telefonicas, entradas y registros, detenciones, entregas controladas (de droga)...


Un saludo


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Mié May 05, 2010 8:39 am 
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Los auxiliares de justicia solo pueden ser considerados Policia Judicial genérica(funcion de auxilio). Estos funcionarios se configuran como agentes de las autoridades judiciales y fiscales, tienen asignadas funciones primarias de seguridad en los actos procesales y son ejecutores, con significados poderes de coerción, de las resoluciones de aquellas autoridades en todos los ordenes jurisdiccionales, no solo el orden penal sino también el civil, contencioso-administrativo y social, pero carecen de las funciones de investigación típicas de Policía Judicial, con lo que solo de forma muy impropia pueden ser considerados funcionarios de Policía Judicial, y si acaso, como meros colaboradores.(policia judicial genérica)

1saludo


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Sab May 22, 2010 1:28 pm 
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:lol: je, que bueno he aprobado una oposición que no tiene que ver con nada de lo que he dicho anteriormente, ahora estoy en sanidad :doctora:

Bueno, ahora entiendo un poco más de todo esto, os agradezco vuestras respuestas, salvo...¿un auxiliar de justicia no puede portar arma alguna? Un agente del fisco, según me ha contado él mismo puede portar pistola si quiere (él está en el Prat de Barcelona), ¿podría yo? :por favor:


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Sab May 22, 2010 1:53 pm 
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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Sab May 22, 2010 2:13 pm 
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Tendrá un arma porque se haya sacada la licencia, no porque sea agente del fisco ni nada.


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Dom Feb 20, 2011 5:36 pm 
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Perdonar que reflote el tema, pero ante las barbaridades que he leído no podía resistirme a informaros un poco.

La consideración de policía judicial del servicio de vigilancia aduanera

Un tema de interés que ha sido resuelto por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo es el relativo al carácter de policía judicial del servicio de vigilancia aduanera, ya que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2003, adoptó el siguiente acuerdo para resolver las dudas que se habían planteado en los órganos judiciales a la hora de incluir al servicio de vigilancia aduanera a todos los efectos, dentro de la consideración de Policía judicial:

«1.º) El artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se encuentra derogado, si bien debe ser actualizado en su interpretación.

2.º) El Servicio de Vigilancia Aduanera no constituye policía judicial en sentido estricto, pero sí en el sentido genérico del art. 283.1.ª de la LECrim., que sigue vigente. Conforme establece la Disposición Adicional Primera de la LO 12/95, de 12 de diciembre sobre Represión del Contrabando, en el ámbito de los delitos contemplados en el mismo tiene encomendadas funciones propias de Policía Judicial, que debe ejercer en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de los Jueces de Instrucción y del Ministerio Fiscal.

3.º) Las actuaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera en el referido ámbito de competencia son procesalmente válidas.»

En base a este Acuerdo del Pleno de la Sala 2.ª del TS, la Comisión Nacional de Policía Judicial ha adoptado un acuerdo ordenando la remisión de su contenido a todas las Comisiones Provinciales.

Este acuerdo Plenario del TS ya se está contemplando en resoluciones judiciales del Alto Tribunal, ya que en sentencia de fecha 22 de julio de 2004 señala que:

«Los miembros del servicio de vigilancia aduanera tienen encomendadas funciones propias de Policía Judicial, que debe ejercer en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de los Jueces de Instrucción y del Ministerio Fiscal. Nada obsta a entender el término "colaborar" en relación con la función desarrollada por aquel Servicio y no con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en sentido estricto o subordinado, pues esta colaboración evidentemente debe darse por supuesta, al igual que la coordinación entre todos los cuerpos. En resumen, en la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando actuará como Policía Judicial bajo la dependencia del Juez de Instrucción y del Ministerio Fiscal, actuando coordinadamente con los demás cuerpos policiales (cfr. TS 2.ª Acuerdo 14 Nov. 2003).»

Se entendía por los recurrentes que la actuación de los miembros del servicio de vigilancia aduanera fue ilícita alegando que actuaron sin la preceptiva cobertura legal y judicial vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio y que igualmente intervinieron e hicieron suyos bienes del acusado. Se interesó la nulidad de actuaciones e investigaciones llevadas a cabo por dicho Servicio «al carecer de la habilitación necesaria para actuar y para efectuar el registro en el barco», invocando para ello los arts. 5.4, 238.3 y 240.1 LOPJ y 852 LECrim.

Pues bien, el TS desestimó este motivo por cuanto, como hemos visto, «los extensos argumentos sobre la falta de habilitación como Policía Judicial del Servicio de Vigilancia Aduanera han quedado desasistidos de fundamento si tenemos en cuenta el Acuerdo de Sala General de 14 noviembre 2003 según el cual:

1.º) el art. 283 LECrim. no se encuentra derogado, si bien debe ser actualizado en su interpretación;

2.º) el Servicio de Vigilancia Aduanera no constituye Policía Judicial en sentido estricto, pero sí en el sentido genérico del art. 283.1 LECrim., que sigue vigente. Conforme establece la disp. adic. primera de la LO 12/95, de 12 diciembre, sobre Represión del Contrabando, en el ámbito de los delitos contemplados en el mismo tienen encomendadas funciones propias de Policía Judicial, que debe ejercer en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de los jueces de Instrucción y del Ministerio Fiscal; y, por último, las actuaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera en el referido ámbito de competencia son procesalmente válidas.

Debemos señalar al respecto que efectivamente son Policía Judicial quienes resultan competentes para proceder por su propia autoridad para investigar, sin necesidad de acudir inicialmente al juez, siendo esta materia en principio reservada a la Ley Orgánica.

No obstante, según la Ley del Contrabando, el Servicio de Vigilancia Aduanera en su ámbito sí constituye Policía Judicial en el sentido que se deriva de la aplicación del art. 283.1 LECrim., y nada obsta a entender el término colaborar en relación con la función desarrollada por aquel Servicio y no con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en sentido estricto o subordinado, pues esta colaboración evidentemente debe darse por supuesta, al igual que la coordinación entre todos los Cuerpos.

En síntesis, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando 12/95 el Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando actuará como Policía Judicial bajo la dependencia del juez de Instrucción y del Ministerio Fiscal, actuando coordinadamente con los demás cuerpos policiales.

En cuanto a la pretendida violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, el factum de la sentencia lo que hace constar es que los fardos fueron intervenidos en la cubierta y en el puente de mando del catamarán, al ser abordado por los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, luego en todo caso dicha actuación no incidió en espacios reservados a la intimidad de la persona. Posteriormente, el juez de Instrucción autoriza mediante auto de 13 Feb. 2001 (folio 518) un reconocimiento exhaustivo de la embarcación apresada "para poder analizar la documentación que se halla a bordo y conseguir un recuento exacto de los fardos", diligencia que se lleva a cabo ante la presencia del Secretario Judicial (folios 525 y ss.)».

Es decir, que en su actuación se encontraban perfectamente legitimados como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto Policía Judicial que avala y respalda la actuación realizada, por lo que la prueba que se obtenga podrá ser tenida en cuenta por el Juez o Tribunal.

LEGISLACION SVA POLICIA JUDICIAL.
IV. Circulares. Instrucciones. Resoluciones. Informes parlamentarios.

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE DROGAS
CONSULTA NUM. 2/1999, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE CONTRABANDO.
SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA COMO POLICÍA
JUDICIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO Y SUS CONEXOS.

INTRODUCCION

Por vía de consulta se plantea ante la Fiscalía General del Estado el problema de si es admisible atribuir a los funcionarios integrantes del Servicio de Vigilancia Aduanera la condición de Policía judicial para la investigación del delito
de contrabando y sus conexos. La consulta no es ajena a la controversia que de un tiempo a esta parte se ha
venido trabando en relación con las atribuciones que cabe reconocer a dicho instituto y su forma de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que se refiere a la persecución y represión del delito.
Recoge el texto de la consulta en particular la desazonante negación de competencia
del citado Servicio producida en varios pronunciamientos jurisdiccionales
que se han decantado por declarar la nulidad de medios de prueba obtenidos
a partir de su actuación investigadora autónoma.
Arriesgada resulta la tarea que se encomienda a la Fiscalía General del Estado
si lo que se pretende es que arroje luz sobre un espacio de penumbra que el
legislador no ha conseguido de momento disipar con la palabra cierta y la
norma clara. La tarea del Ministerio Público es interpretar y aplicar la Ley, no
configurarla, si bien es cierto que hay ocasiones en que la aplicación del texto
conlleva necesariamente un esfuerzo suplementario de definición de sus contenidos
menos claros.
Las consideraciones que se contienen en la presente consulta sólo pretenden
salir al paso del problema y tomar conciencia del mismo, para homogeneizar
desde un punto de vista pragmático los criterios de actuación del Ministerio
Fiscal. Constituyen por ello una breve y concisa reflexión sobre la razón de ser
de la Policía judicial y la eventual participación del Servicio de Vigilancia
Aduanera en el desempeño de dicha función, pero se verifican, por supuesto,
sin perjuicio del mejor criterio que la doctrina jurisprudencial pueda instaurar
y de la aclaración y delimitación de funciones y competencias que el legislador
pueda de futuro verificar en la tarea de perfeccionamiento de su obra.
II. ATRIBUCION DE LA FUNCION DE POLICIA JUDICIAL
2.1 La Policía judicial como función genérica
Policía judicial es policía de los Jueces y Fiscales, dependiente de ellos para
que independiente sea el desempeño de la función jurisdiccional. Esta es la
verdad constitucional que se encierra en el artículo 126 de la Carta Magna que
a su vez remite a un marco legal que es el que debe proporcionamos las respuestas
necesarias.
La Constitución enuncia la tarea que incumbe a la Policía judicial, pero no
atribuye la función a ningún órgano, ni efectúa la distribución material y geográfica
de la competencia. En rigor, tampoco predetermina si ha de constituirse
como cuerpo específico o como mera función ejercitable por los Cuerpos
de Seguridad, ni si su régimen de dependencia de Jueces y Fiscales debe ser
orgánico o funcional, por lo que deja en manos del legislador un extenso margen
de libre configuración.
Por abierto que sea el modelo, sin embargo, lo preside un principio de indefectible
e inmediata aplicación: antes y por encima de cualquier consideración
organizativa, institucional o funcional, lo que individualiza a la Policía judicial
es su dependencia de la Justicia.

2.2 Atribución de la función en la LOPJ

La primera concreción del modelo constitucional de Policía judicial la proporciona
en el año 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 443
define la Policía judicial como función y la atribuye a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su dependencia orgánica.
Este precepto configura lo que alguna doctrina cualificada ha dado en llamar
“Policía judicial genérica” o “de primer grado” por la inexigencia de especialización
y exclusividad a los funcionarios que tienen encomendado su ejercicio.
La atribución legal se presta de todos modos a la duda interpretativa y viene
marcada por cierta polémica, pues cabe entender que el artículo 443 LOPJ
crea un monopolio de la función en favor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
determinante en su caso de la derogación tácita del artículo 283 LECrim y
en consecuencia de la depuración de todas aquellas Autoridades y funcionarios
enumerados en la Ley Procesal que no estuvieren coetáneamente incorporados
a alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
En el contexto histórico e institucional en el que nace la norma, sin embargo,
este pretendido monopolio no se correspondía con la realidad social porque
seguían existiendo Autoridades y funcionarios no integrados en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que tenían atribuida y ejercían con legitimidad y eficiencia
la función de investigación de delitos sustentada en la habilitación
legal que les confería al respecto el artículo 283 LECrim, particularmente en
los números 1º, 7º y 9º.
Conceptualmente tampoco se puede afirmar que se dé una incompatibilidad
de normas entre LOPJ y LECrim que motive la derogación tácita de la ley anterior
en los términos del artículo 2.2 del Título Preliminar del Código Civil,
pues si se considera que la LECrim es la norma que regula específicamente el
procedimiento penal, y en particular la instrucción sumarial y preprocesal y la
actuación de Jueces, Fiscales y auxiliares policiales en la averiguación de los
delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los culpables, es obvio que
detenta por su especificidad un título prevalente para atribuir el ejercicio institucional
de la función de Policía judicial sobre el que concurre en la LOPJ
cuya regulación se centra en aspectos adjetivos de organización y funcionamiento
que por su propia naturaleza ni delimitan ni agotan la materia.
Aunque se trata de un extremo muy discutido, la entrada en vigor de la CE y el
desarrollo operado en la LOPJ no arrumbaron el viejo esquema atributivo de la
LECrim, por lo menos en lo que respecta a las referencias más realistas del artículo
283, v. gr., las relativas a los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico,
antes de su extinción como cuerpo autónomo, en materia de investigación
de accidentes de tráfico, los funcionarios del Cuerpo de Instituciones
Penitenciarias en materia de investigación de delitos cometidos en el espacio
carcelario -vid. Consulta FGE número 3/1986, de 1 de diciembre, punto III.2- y
cualesquiera otras autoridades que tuvieren atribuidas potestades de persecución
de delitos especiales.
Así pues, el marco legal de referencia al que remite el artículo 126 CE como
definidor de los términos en que se debe mover el desempeño de la función de
Policía judicial comprende, no excluye, al precedente artículo 283 LECrim
cuya vigencia no se ve comprometida en este punto por la entrada en vigor de
la CE y de la LOPJ.
2.3. La Policía judicial como función específica
La previsión de una “Policía judicial específica” o “de segundo grado” en los
artículos 444 y 445 LOPJ responde en este contexto a la lógica interna de una
norma organizativa que procura reforzar la eficacia de los órganos administrativos
mediante la aplicación de principios de especialización y exclusividad.
La creación de unidades orgánicas de Policía judicial en el seno de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado tampoco convierte en excluyente su
competencia ni expulsa del campo de juego a cualesquiera otras autoridades y
funcionarios legalmente habilitados para el ejercicio de la función en virtud de
títulos normativos propios.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en el Capítulo 5º de su Título II organiza estas unidades y les otorga primacía -
artículo 29.2- sobre las Policías Autonómicas y Locales, pero a la hora de articular
su dependencia funcional de Jueces y Fiscales -artículo 35 a)- remite
expresamente a la LECrim y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como
normas reguladoras del objeto mismo de la función y de sus formas de ejercicio.
La previsión contenida en el artículo 283.1 LECrim de Autoridades administrativas
encargadas de la persecución de delitos concretos demuestra además que
la atribución de la función de Policía judicial como competencia especializada
tampoco es exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
que el ordenamiento jurídico admite otras titularidades específicas de la función
no comprendidas en la LOFCS.

III. LA DISTRIBUCION MATERIAL Y GEOGRAFICA DE LA FUNCION EN LA LEY
DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

La LOFCS a partir de la atribución que la LOPJ efectúa en el artículo 443 procede
a distribuir material y geográficamente la competencia entre los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado -arts. 11 y 12- e implanta el criterio de su
primacía sobre los miembros de las Policías Autonómicas y Locales -art. 29.2-.
Policías Locales y Autonómicas se constituyen en colaboradores o partícipes -
arts. 29.2, 38.2 b) y 53.1 e)- de una función cuyo ejercicio prioritario se atribuye
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -art. 11.1 g)- que actúan la
competencia mediante unidades constituidas sobre criterios de especialización
y exclusividad -art. 29.1-.
La simplicidad del sistema propicia cierto equívoco, y conviene por ello hacer
dos puntualizaciones relacionadas con la posición sistemática que ocupa esta
Ley en el conjunto del ordenamiento jurídico aplicable a la seguridad pública
y más pormenorizadamente a la configuración del marco legal de desarrollo
del artículo 126 Constitución Española.
En primer lugar hay que decir que la primacía de las unidades orgánicas de la
Policía judicial y en general de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
no implica dependencia orgánica ni funcional de los restantes Cuerpos respecto
de ellos.
No hay subordinación, pues cada Cuerpo de Seguridad tiene su adscripción o
dependencia administrativa definida, ni cabe hablar de dependencia funcional,
pues la única dependencia de esta naturaleza constitucionalmente admisible
es la debida a Jueces, Magistrados y Fiscales.
En segundo lugar, las notas de especialización y exclusividad de ejercicio que
caracterizan estas unidades no constituyen en su beneficio un monopolio de la
función, porque los títulos legales que habilitan el ejercicio de la competencia
son plurales y no se agotan en las previsiones internas de la LOFCS sino que
comprenden ciertos Estatutos de Autonomía de vigencia previa a la Ley -disposiciones
finales 1ª, 2ª y 3ª- y otras normas externas que verifican una atribución
explícita de la competencia en favor de órganos y Autoridades no integrados
en el sistema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En rigor, la LOFCS no es Ley de Policía judicial, sino una Ley de desarrollo de
la competencia estatal de seguridad pública asignada directamente en el artículo
104 Constitución Española y en el aspecto territorial en el artículo
149.1.29ª Constitución Española, lo que motiva que la incidencia de esta Ley
en la materia regulada en el artículo 126 Constitución Española tenga un
carácter en cierto modo reflejo, pues al no constituirse en España un cuerpo
orgánico de Policía judicial, la función de Policía judicial ha pasado a ser un
aspecto parcial y limitado de la competencia general de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad.
El marco legal previsto en el artículo 126 CE no se agota por lo tanto en la
LOFCS sino que admite la coexistencia de textos legales que componen
mediante yuxtaposición diversos títulos legales habilitantes para el ejercicio de
la función entre los que la LOFCS ocupa una posición principal pero no excluyente.
Conviene por ello puntualizar que si bien el artículo 149.1.29ª Constitución
Española atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de seguridad
pública, y la LOFCS en su artículo 38.2 asigna a las Comunidades Autónomas
competencias en materia de Policía judicial en un régimen de colaboración
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esto no ha sido obstáculo
para que ciertas Comunidades, en base a las previsiones contenidas en sus respectivos
Estatutos de Autonomía, hayan constituido Cuerpos de Policía con
competencia integral, comprensiva de las facultades de investigación de delitos
y en general, de las propias de la Policía judicial, y a que en otro contexto
algunas Autoridades administrativas hayan venido ejerciendo con integridad y
suficiencia potestades de investigación legítimamente asignadas por leyes sectoriales
de indiscutida vigencia, como es el caso del SVA.


IV. LA REPRESION DEL CONTRABANDO EN LA LEY ORGANICA 12/1995, DE 12
DE DICIEMBRE, COMO TITULO ATRIBUTIVO DE LA FUNCION DE POLICIA
JUDICIAL

La Ley Orgánica 12/1995 atribuye al Servicio de Vigilancia Aduanera la función
de investigar, perseguir y reprimir los delitos de contrabando y recuerda
que las Autoridades, funcionarios y fuerzas a quienes se encomendó en el
pasado la persecución y el descubrimiento del mismo continuarán desempeñando
sus cometidos con los derechos y facultades que para la investigación,
persecución y represión de estas conductas venían ostentando desde su creación
-disposición adicional primera, párrafo primero-.
Conviene recordar que el SVA se crea mediante Orden del Ministerio de
Hacienda de 8 de febrero de 1956, bajo la denominación de Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal, con facultades de descubrimiento y persecución en todo
el territorio nacional de los actos e infracciones de contrabando y defraudación.
El Decreto 1002/1961, de 22 de junio, que regula la vigilancia marítima, faculta
a las unidades pertenecientes al Servicio para, a cualquier hora del día o de
la noche, detener, registrar y aprehender a los buques españoles y extranjeros
sospechosos de conducir contrabando -art. 3-, practicar detenciones y poner
los detenidos y las mercancías incautadas a disposición de la Autoridad de
Marina (hoy Autoridad judicial) -art. 9-, y hacer uso de armas tanto para la
defensa propia como para la detención de las embarcaciones sospechosas -art.
8.1-.
El Decreto 319/1982, de 12 de febrero, de reestructuración del Servicio, por su
parte, encomienda a la Dirección de Operaciones la preparación, dirección,
coordinación y control de las actuaciones encaminadas a descubrir y reprimir
el contrabando -art. 4.4- y atribuye a los funcionarios del Servicio, en el
desempeño de su misión, carácter de Agentes de la autoridad, en servicio permanente,
con dedicación exclusiva, y autorización expresa para el uso de
armas -art. 9-.
Finalmente, en el Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen, firmado en Bonn el 25 de junio de 1991
y ratificado por España el 30 de julio de 1993, en sus artículos 2.1 y 3.1 se
habilita a los funcionarios dependientes de la Administración de Aduanas para
desarrollar actividades de vigilancia y persecución transfronteriza en los términos
prevenidos en los artículos 40 y 41 del Convenio de aplicación del Acuerdo
de Schengen en el marco de una investigación judicial, en relación con
delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico de
armas y explosivos y transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.
En este contexto histórico la Ley Orgánica 12/1995 más que atribuir “ex novo”
la función de Policía judicial especializada lo que hace es ratificar una atribución
previa y un ejercicio material de la competencia cuya continuidad en el
tiempo se sustenta en títulos normativos precedentes a la Ley Orgánica de
vigencia no cuestionada por el propio legislador.
El elemento clave que permite interpretar la forma de articulación de la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 12/1995 en el desarrollo de los
términos legales a que remite el artículo 126 Constitución Española lo propor-
ciona el contenido de la disposición final segunda de la misma Ley cuando
asigna rango de Ley Orgánica al párrafo 1º de la disposición adicional primera
que es el que contiene precisamente la referencia al Servicio de Vigilancia
Aduanera como órgano competente para la persecución del delito de contrabando.
La preeminencia del rango normativo acredita por un lado la vocación que
inspira esta disposición de integrar de manera efectiva y expresa el marco legal
de desarrollo de la función constitucionalizada de Policía judicial; de otra
parte, ratifica la vigencia de la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
contenido en el artículo 283.1 que califica de genuina Policía judicial en
cuanto auxiliares de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal a las Autoridades
administrativas que tengan encomendada la persecución de delitos especiales,
entre las cuales lógicamente se halla el Servicio de Vigilancia Aduanera, o su
predecesor, el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal desde la Orden del Ministerio
de Hacienda de 8 de febrero de 1956.
Esta pervivencia del artículo 283 LECrim se reconoce en el inciso final del artículo
1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de Policía judicial, si bien
parte de la doctrina venía a entender que por su rango infralegal el Decreto en
cuestión no podía desdecir con eficacia el supuesto monopolio implantado en
los artículos 443 LOPJ y 11.1 g) LOFCS.
Ahora es una Ley postconstitucional de rango orgánico la que zanja la cuestión
y pone al descubierto la naturaleza compuesta y plural del marco legal de
desarrollo del modelo de Policía judicial y la legitimidad de la yuxtaposición
de fuentes normativas atributivas de la competencia.
El problema interpretativo más grave ya no se sitúa en la calificación del Servicio
de Vigilancia Aduanera como Policía judicial, sino en la articulación práctica
de su actuación con la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
que tienen asignada competencia concurrente para la persecución de las conductas
típicas descritas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, y en la
pretendida extensión del principio de primacía consignado en el artículo 29.2
LOFCS a órganos y servicios no comprendidos en el sistema organizativo de
dicha Ley.
En la medida en que la primacía de las unidades orgánicas de Policía judicial
sólo se justifica por la especialización de sus miembros, y en suma, por motivos
de evidente inspiración pragmática ajenos a toda consideración de dependencia
orgánica o funcional, es obvio que esta primacía no se puede imponer
sobre un servicio adscrito específicamente a la represión del contrabando -art.
2.1 Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero-.
Se suma a ello el dato de que vinculado como se halla al Ministerio de Economía
y Hacienda a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el
SVA queda extramuros del sistema de articulación interorgánica que la LOFCS
configura.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 12/1995 impone la coordinación
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asigna al SVA a
todos los efectos legales carácter colaborador de los mismos, pero evidentemente
esta colaboración se plantea en términos muy distintos a los previstos
para Policías Locales y Autonómicas en el artículo 29.2 LOFCS pues lo contra-
rio supondría la negación de la potestad atribuida.
Sin perjuicio de algunos pronunciamientos judiciales de sentido opuesto, producidos
en órganos de rango inferior, que la propia consulta cita, recientemente
el Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha encontrado la oportunidad de pronunciarse
al respecto de un modo suficientemente explícito en el Auto de 31 de julio de
1998 recaído en la Causa Especial 1780/1998.
El Tribunal Supremo dice que el SVA, aun no formando parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene sin duda alguna la conceptuación de
Policía judicial a tenor de la amplia definición que de la misma se hace en el
artículo 283 LECrim, condición que ratifica la disposición adicional primera de
la Ley Orgánica 12/1995, por lo que considera incuestionable su carácter de
Policía judicial.
La problemática concurrencia de atribuciones que en este campo se produce
entre SVA y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habrá de encontrar
solución por los cauces de la leal cooperación institucional, pero a este problema
pocas soluciones puede aportar el Ministerio Público, al que sólo le
cabe lamentar que el legislador no haya sabido articular órganos y cauces de
coordinación hábiles para resolver estas controversias y para evitar indeseables
pérdidas de energía y medios.

V. ALCANCE MATERIAL DE LA COMPETENCIA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA

La competencia del SVA no es general sino que se circunscribe a la investigación,
persecución y represión de los delitos de contrabando, de modo que la
definición de los límites de la habilitación exige una previa clarificación de la
tipología legal del contrabando y de sus imbricaciones con otras formas de
actuación delictiva.
Esta labor previa de clarificación es imprescindible dada la especificidad material
de la competencia atribuida y el riesgo de extralimitación que la actuación
del SVA conlleva en la represión de conductas de perfil jurídico difuso.
Aunque la doctrina jurisprudencial no sea ni abundante ni particularmente
explícita el Tribunal Supremo se ha pronunciado en alguna ocasión negando
eficacia invalidante de la prueba a las meras extralimitaciones competenciales
en que incurran los Cuerpos de Seguridad en el desempeño de la función de
Policía judicial. Es muy significativa a este respecto la doctrina sentada en la
STS de 4 de noviembre de 1994, F. 6º, en cuanto afirma que las normas internas
de distribución de competencia territorial o por materias entre Cuerpos y
Fuerzas encargados de la función de Policía judicial no tienen por qué ser examinadas
por las Autoridades judiciales pues la infracción de las mismas no
puede tener eficacia alguna respecto de la validez de las correspondientes
actuaciones policiales en cuanto medio de investigación del delito en el trámite
de instrucción o en cuanto medio de prueba para el juicio oral. La eventual
infracción se debe resolver en el ámbito gubernativo o disciplinario, sin proyección
alguna para el proceso penal.
Ello no excusa el rigor imprescindible en la interpretación del marco legal legitimador
del SVA por evidentes razones de regularidad y certeza. En principio
la función general de investigación de delitos corresponde a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado -art. 11.1 g) LOFCS- con una competencia
que hay que estimar atractiva de todos aquellos supuestos que no sean encuadrables
claramente en la atribución del SVA.
No obstante, una interpretación restrictiva del título habilitante contenido en la
Ley Orgánica 12/1995 puede violentar el espíritu y finalidad de la norma si
conduce al vaciamiento de la potestad investigadora, pues normalmente el
delito de contrabando no se presenta aislado, en estado puro, sino asociado o
conexo con otras manifestaciones delictivas y frecuentemente es fruto de la
actuación de redes o grupos organizados que colateralmente desarrollan actividades
delictivas relacionadas con el mismo.
El núcleo de la atribución competencial verificada en favor del SVA se halla en
el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995 que integra el contenido de la disposición
adicional primera al perfilar el concepto normativo de contrabando
mediante la enumeración y descripción de las conductas encuadrables en el
mismo.
Algunas de las conductas calificables normativamente como contrabando se
pueden ver abocadas a una tipificación penal nominativamente diferente de
conformidad con las reglas de resolución del concurso aparente de normas
fijadas en el artículo 8 del Código Penal -v. gr. la importación de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, calificadas como delito contra
la salud pública aunque la conducta se halle encuadrada en el artículos 2.1 d)
y 2.3 a) de la Ley Orgánica 12/1995-.
El SVA no se ve desposeído por ello de su originaria competencia, pues el criterio
de atribución es material, no formal, y descansa sobre los comportamientos
previstos en la Ley de contrabando, no sobre el “nomen iuris” que sobrevenidamente
se les aplique en el proceso judicial de aplicación de la pena.
Se produce así una notable diversificación de los campos de protección que
tiene encomendados el SVA porque su actuación va a incidir en la defensa de
bienes jurídicos distintos de los meros intereses fiscales del Estado, como son.
v. gr., las especies de flora y fauna silvestre amenazadas, los bienes culturales
integrados en el Patrimonio Histórico Nacional, la salud pública o incluso la
seguridad colectiva en relación con el tráfico incontrolado de armas, explosivos,
o material de defensa.
Esta diversificación trasciende a las facultades de vigilancia y persecución
transfronteriza que le reconocen los artículos 2.1 y 3.1 del Acuerdo de adhesión
del Reino de España al Convenio de Schengen y que van referidas a la
represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico
de armas y de explosivos y transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos.
La aplicación a las conductas de contrabando descritas en el artículo 2 Ley
Orgánica 12/1995 de tipos penales diversos en régimen de concurso ideal o
medial o de tipos penales prevalentes en razón de un concurso de normas no
desvirtúa la competencia del SVA, que se extiende también a la investigación
de delitos conexos de acuerdo con los criterios sentados en el artículo 17
LECrim, pues el mismo motivo de eficacia que determina la acumulación de
objetos procesales justifica que la previa investigación se efectúe por un
mismo órgano o servicio, y que no se fragmente de un modo artificioso según
la tipificación formal que merezcan los diversos actos objeto de persecución.
Las posibilidades que se ofrecen “de lege lata” al SVA para desplegar sus facultades
sobre delitos diferentes del contrabando no comprendidos originariamente
en el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995 -blanqueo de
capitales, relativos al control de cambios, falsarios, etc- no suponen un ejercicio
arbitrario de su función, sino que son consecuencia directa e inevitable de
la potestad que la Ley le confiere, potestad cuyo ejercicio no queda restringido
o exceptuado por el hecho bastante habitual de que la conducta normativamente
encuadrable en el concepto de contrabando se presente asociada a
comportamientos susceptibles de otras formas de tipificación penal.
En definitiva, el SVA por sus propias disponibilidades materiales y mediales, su
óptima infraestructura para la vigilancia marítima, y su específica habilitación
legal, está llamado a desempeñar un papel relevante en la investigación de
redes organizadas que tengan por objeto la realización de cualquiera de los
comportamientos criminales descritos en el artículo 2 Ley Orgánica 12/1995
así como en el esclarecimiento de los eventuales delitos conexos que en cada
caso particular se detecten, sobre todo si se toma en consideración que la
infracción de contrabando cualquiera que sea su cuantía se transforma indefectiblemente
en delito cuando se realiza a través de una organización ilícitamente
constituida para este fin -art. 2.3 a) Ley Orgánica 12/1995-.
La concurrencia de competencias con el Cuerpo Nacional de Policía o con la
Guardia Civil puede ser problemática porque la Ley Orgánica 12/1995 no ha
definido criterios de distribución material o geográfica ni prevenido organismo
o procedimiento alguno para dirimir las discordias que en sentido negativo o
positivo se puedan plantear en la asignación de los casos.
La deficiencia es de lamentar, y las posibilidades con las que cuenta el Ministerio
Público para lograr alguna forma eficaz de coordinación son más bien
reducidas, pero esto no puede conducir a la artificiosa restricción del título
legal que legítima al SVA para participar en el desempeño de la función de
Policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es su ámbito propio
de competencia.

VI. CONCLUSION

El SVA constituye una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el
desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado en la
averiguación y represión del delito de contrabando y cuyos miembros, a todos
los efectos, actúan como Agentes de la autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales
y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros Cuerpos
o Fuerzas de Seguridad.
En su calidad de Policía judicial le es de aplicación lo dispuesto en el Título III
del Libro 2º de la LECrim, Capítulo 5º del Título II de la LOFCS y en el Decreto
769/1987, de 19 de junio, con la debida adaptación a su régimen orgánico
propio.
El régimen de coordinación y colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado que se enuncia en la disposición adicional 1ª.1.2 de la
Ley Orgánica 5/1995 se halla de momento sin desarrollar, no obstante en su
calidad de Policía judicial el SVA está sujeto a las órdenes e instrucciones de
la Autoridad Judicial y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien
deben dar cuenta puntual de su actuación investigadora.
La Autoridad Judicial o Fiscal, en el desempeño de su función directora de la
investigación procesal o preprocesal fijarán en cada caso, en función de las
necesidades de la indagación, los modos de actuación y coordinación que se
hagan precisos.
No se deben descartar formas diversificadas de cooperación institucional que
en virtud de convenios entre Administraciones puedan prevenirse para la más
eficaz prestación del servicio, si bien éste es un ámbito que excede del cometido
propio del Ministerio Fiscal


Y tras esta impresionante chapa (perdón) quien quiera informarse más: http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_d ... a_Aduanera
http://noticiassva.blogspot.com/
http://svahistoria.blogspot.com/

Imágenes y videos:
http://www.foropolicia.es/foros/fotogra ... 68-15.html
http://www.foropolicia.es/foros/videos- ... 63733.html

¿Que un agente del fisco como va tener arma?, pues amparándola con la licencia A de armas(la misma que los FFyCCSS) y no solo pistolas, si no también subfusiles mp5, ametralladora ligera mg-3 o pesada browning cal. 50.

SI, como funciones de Policía Judicial, participamos directamente en investigaciones, seguimientos, escuchas, ect ect y demás requerimientos del Ministerio Fiscal.



Un saludo si tienen alguna duda más pregunten.


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NotaPublicado: Dom Feb 20, 2011 5:52 pm 
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Acabo de terminar de leer todo lo que ha dicho! buena aportación. Y nos podría dar más información sobre la oposición y formas de acceso? Gracias!

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 167 Sábado 11 de julio de 2009 Sec. II.B. Pág. 58116

2. Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

Incluirá la superación de un período de prácticas. Para la realización de este período
de prácticas, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados
funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera, previa
elección de destino, mediante resolución de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación del destino
adjudicado.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos («BOE» de 23 de junio), los
aspirantes que superen el proceso selectivo tendrán que solicitar destino utilizando
exclusivamente medios electrónicos.

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como Anexo II a esta
convocatoria.

4. Requisitos de los candidatos

Los aspirantes que opten a ingresar en el Cuerpo objeto de esta convocatoria, deberán
poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera, además de los requisitos
enumerados en el apartado Noveno de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por
la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso
o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, los siguientes
requisitos:

4.1 Nacionalidad: Ser español.

4.2 Edad: Tener dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de cincuenta y
cinco años, edad de pase a la situación de segunda actividad fijada por el artículo 56 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

4.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller-LOE,
Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller Superior, Técnico o tener aprobadas las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación o convalidación en su caso.

4.4 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del puesto a desempeñar.

4.5 Carecer de antecedentes penales.

4.6 Comprometerse a portar armas en el ejercicio de sus funciones, en los términos
en que se disponga por los responsables de la Unidades en que presten servicios. Este
compromiso se prestará a través de declaración del solicitante.

4.7 Antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas de aprobados
de la fase de oposición los aspirantes deberán, además, reunir los siguientes requisitos:

4.7.1 Para el acceso a la especialidad de Investigación: Estar en posesión del permiso
de conducir, clase B, con autorización para conducir vehículos prioritarios que utilicen
aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales (artículos 7.3 y 51.3 del Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio).



4.7.2 Para el acceso a la especialidad Marítima: estar en posesión del Certificado de
Formación Básica de conformidad con la ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 20) u otro certificado o título equivalente.

5. Solicitudes

5.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar la
solicitud de admisión a pruebas selectivas y realizar el pago de las correspondientes tasas.
El modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen
(modelo 791) se encuentra a disposición de los interesados en la dirección de Internet
www.agenciatributaria.es («Empleo Público»).

5.2 La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado duodécimo.2 de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre,
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el
ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. La solicitud se dirigirá al Director General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

5.3 El pago de la tasa de derechos de examen se podrá realizar por vía telemática o
personándose en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que
actúan como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez
presentada esta, sólo podrán demandar su modificación mediante escrito motivado dentro
del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5.4 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV.

5.5 En los supuestos que se señalan a continuación, deberá presentarse además de
la solicitud la documentación que se determina en cada caso:

Comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen, en el caso que
las solicitudes se suscriban en el extranjero.

La documentación que justifique la exención del pago de tasas de acuerdo con el
punto 5 del apartado Duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre.

La copia del título de familia numerosa actualizado cuando el aspirante que sea
miembro de familia numerosa de categoría general.

La documentación prevista en el apartado Undécimo de la Orden mencionada
anteriormente, para los aspirantes que tengan la condición de funcionarios españoles de
Organismos Internacionales.

5.6 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal

6.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo III a
esta convocatoria.

6.2 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime pertinente.

6.3 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones
vigentes.

El Tribunal velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución
Española, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
sexos.



6.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sito en la calle Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid

Las consultas sobre el proceso selectivo se podrán realizar a través del correo
electrónico convocatorias@correo.aeat.es, –sin que este correo tenga la consideración de
Registro Telemático– o del teléfono: 91 583 10 04.

7. Norma adicional

La Resolución de convocatoria y las bases de este proceso selectivo, así como los actos
que deriven de su ejecución, se incluirán en la dirección de internet www.agenciatributaria.
es («Empleo Público»).

8. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación La Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el resto de la legislación vigente en la materia y lo
dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones
del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 2 de julio de 2009.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo

El Proceso de selección constará de las siguientes fases:

Fase de oposición.

Periodo de prácticas.

1. Fase de oposición

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, a los que serán convocados
en llamamiento único, siendo todos ellos eliminatorios:

Primer ejercicio: Pruebas Físicas.

Para la realización de los ejercicios de las pruebas de aptitud física, los aspirantes
entregarán al Tribunal, antes del inicio de los mismos, certificado médico oficial expedido
dentro de los 15 días inmediatamente anteriores a la fecha de realización del ejercicio en
el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
los referidos ejercicios deportivos (Anexo V). La no presentación de dicho documento
supondrá la exclusión del aspirante al proceso selectivo.

Los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas físicas:



Hombres:

Salto de longitud de 3,50 metros con carrera (dos intentos).

Carrera de 50 metros lisos en un tiempo máximo de 8,50 segundos (un intento).

Carrera de 800 metros sobre superficie lisa, plana y dura en un tiempo máximo de 3
minutos (un intento).

Nadar 50 metros estilo libre con zambullida en un tiempo máximo de 1 minuto y 5
segundos (un intento).

Mujeres:

Salto de longitud de 3 metros con carrera (dos intentos).

Carrera de 50 metros lisos en un tiempo máximo de 9,60 segundos (un intento).

Carrera de 800 metros sobre superficie lisa, plana y en un tiempo máximo de 3 minutos
y 40 segundos(un intento).

Nadar 50 metros estilo libre con zambullida, en un tiempo máximo de 1 minuto y 15
segundos (un intento).

Si alguno de los aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas por causa justificada,
realizará las pruebas correspondientes a la fase de oposición quedando condicionado su
nombramiento como funcionario a la realización de aquéllas en la fecha que determine el
Tribunal.

Si en dicha fecha tampoco pudiera realizarlas debido a causa anterior, debidamente
acreditada, podrá hacerlo en la siguiente convocatoria, manteniendo las puntuaciones
obtenidas en el resto del proceso.

Si en esta segunda convocatoria tampoco pudiera realizar la prueba, perderá su
derecho, salvo excepción motivada.

Esta excepción será aplicable a las mujeres que acrediten embarazo de riesgo o parto.
Asimismo y para esta circunstancia, su situación en el proceso selectivo, quedará
condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran
quedado aplazadas.

Segundo ejercicio: Constará de dos partes, siendo cada una de ellas eliminatoria:

1. Primera parte: Consistirá en una prueba psicotécnica destinada a evaluar la
capacidad de los aspirantes para el desempeño y las exigencias profesionales derivadas
de los cometidos propios del Cuerpo al que se pretende acceder. Se evaluarán las aptitudes
intelectuales mediante la aplicación de pruebas de inteligencia general, de razonamiento
y de aprendizaje así como el perfil de personalidad, mediante pruebas que exploren las
características de personalidad y de motivación.

2. Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas de
respuesta múltiple sobre las materias contenidas en el programa que figura en el Anexo II.1
a la presente convocatoria.

Para cada pregunta se propondrán diversas respuestas, siendo sólo una de ellas la
correcta. Los aspirantes marcarán las contestaciones en la correspondiente hoja de
examen. Las respuestas incorrectas serán penalizadas.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de noventa minutos.

El cuestionario consistirá en:

a) 25 preguntas sobre la materia de «Organización del Estado y de la Administración
Pública» según el temario del Anexo II.1.1

b) 25 preguntas que para la especialidad de Investigación versarán sobre la materia
«Derecho Administrativo y Tributario» según el temario que figura en el Anexo II.1.2 y para
la especialidad Marítima sobre la materia «Derecho Marítimo y Seguridad Marítima» según
el temario que figura en el Anexo II.1.3.

c) 50 preguntas sobre la materia de «Derecho Comunitario y Legislación Aduanera»
según el temario del Anexo II.1.4

Tercer ejercicio: Consistirá en el desarrollo de un supuesto teórico-práctico sobre
«Derecho Comunitario y Legislación Aduanera» y «Derecho Penal, Legislación de



contrabando y Derecho Procesal» (Anexos II.1.4 y II.2), con objeto de valorar los
conocimientos teóricos del candidato, así como las aptitudes para la solución de las
cuestiones planteadas. El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura
por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no
usuales en el lenguaje escrito.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de dos horas.

1.1 Calificación.

La calificación de la fase de oposición para ambas especialidades se realizará de la
forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de «apto» o «no apto» siendo necesario obtener la
calificación de apto para superarlo.

Segundo ejercicio: La primera parte se calificará de apto o no apto siendo necesario
obtener la calificación de apto para superarlo.

La segunda parte tendrá una puntuación máxima 40 puntos, siendo necesario un
mínimo de 20 para superarlo.

Tercer ejercicio: tendrá una puntuación máxima de 60 puntos, siendo necesario un
mínimo de 30 puntos para superarlo.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas,
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes y debiendo realizarse antes de la publicación de la lista de aspirantes que han
superado el proceso selectivo. La resolución del proceso deberá ajustarse a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal correspondiente.

A tal efecto, se conservará a las aspirantes la puntuación obtenida en los ejercicios que
hubieran superado, para la convocatoria inmediata siguiente de las mismas características,
esto es, de ejercicios análogos en contenido y en forma de calificación; computándose con
una puntuación equivalente a la obtenida.

2. Período de prácticas

Los aspirantes que superen las pruebas de la fase de oposición realizarán un período
de prácticas cuya duración será determinada mediante Resolución de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y que se desarrollará en las Unidades
Combinadas o Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, para la especialidad de
Investigación, y a bordo de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera, para la especialidad
Marítima.

La superación del periodo de prácticas se acreditará mediante certificado del Jefe de
la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial
en cuyo ámbito se realicen las prácticas, declarando «apto» o «no apto» a los
candidatos.

3. Calificación final

Una vez superado el periodo de prácticas, la calificación final estará integrada por la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de las fase de
oposición.

En caso de igualdad de puntuación final entre dos o más aspirantes, la prelación se
establecerá de la siguiente forma: en primer lugar, la puntuación del tercer ejercicio y en
segundo lugar, la puntuación de la segunda parte del segundo ejercicio.



ANEXO II

Programa para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, Especialidades de Investigación
y Marítima

ANEXO II.1

Anexo II.1.1

Organización del Estado y de la Administración Publica

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y
deberes fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. El Poder
Judicial.

Tema 2. Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Política contra la
Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. Política en materia de igualdad y derechos de las
personas con discapacidad. Especial referencia a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de
dependencia.

Tema 3. La Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. Las políticas de la Unión.
La libre circulación de mercancías. La libre circulación de personas. La libre circulación de
capitales y pagos.

Tema 4. Las Instituciones y Órganos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo.
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Cuentas. Otros órganos de la Unión.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. La Administración General del Estado:
Órganos centrales y territoriales. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas y los Subdelegados de Gobierno.

Tema 6. La Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades
Autónomas. La Administración Local.

Tema 7. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades. Situaciones administrativas de
los funcionarios.

Tema 8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Naturaleza, objetivos,
funciones y organización central y territorial.

Tema 9. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: Organización y
funciones. La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: Competencias y funciones.
Carácter de Agente de la Autoridad de sus funcionarios.

Anexo II.1.2

Derecho Administrativo y Tributario

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La
Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos:
Su motivación y notificación.

Tema 2. El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los ciudadanos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El procedimiento administrativo común. El silencio administrativo.
La ejecución forzosa. Revisión, anulación y revocación.

Tema 3. El Derecho Tributario. Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General
Tributaria. Principios generales. La Administración Tributaria. Los tributos: Concepto y
clasificación.



Tema 4. Los impuestos: Clases. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo.
Prescripción. Aplicación e interpretación de las normas tributarias.

Tema 5. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. Repercusión. Capacidad de
obrar. Representación. Domicilio fiscal. El NIF. Base imponible. Regímenes de
determinación. Comprobación de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota y
deuda tributaria. Extinción de la deuda tributaria.

Tema 6. Los Impuestos Especiales. Naturaleza. Impuestos Especiales de Fabricación.
Ámbito territorial. Hecho imponible. Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones
y devoluciones.

Tema 7. Ultimación del régimen suspensivo. Determinación de las bases. Tipos
impositivos. Repercusión. Fabricación, transformación y tenencia. Circulación
intracomunitaria. Irregularidades en la circulación intracomunitaria. Normas generales de
gestión. Infracciones y sanciones.

Tema 8. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Elementos estructurales.
Régimen de destilación artesanal. Régimen de cosechero. Devoluciones. Normas
particulares de gestión. Infracciones y sanciones.

Anexo II.1.3

Derecho Marítimo y Seguridad Marítima

Tema 1. La libertad de los mares. El Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar de 1974 y su ratificación por el Gobierno. Convención de Montego
Bay-Jamaica sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982. Convención de Viena
contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 20 de diciembre de 1988.

Tema 2. Abanderamiento, inscripción o matrícula de los buques. Pasavante. Patente
de navegación. Pabellón. Contraseña. Registros y listas de buques. Sociedades de
clasificación. Despacho de buques. Autoridades que intervienen en el mismo. Despacho
de embarcaciones pesqueras y de recreo. Libros y documentos que deben llevarse a
bordo.

TEMA 3. El abordaje. El naufragio. Responsabilidades derivadas del naufragio y del
abordaje. Auxilios, salvamentos y remolques. Hallazgos. Extracciones.

Tema 4. Aguas fiscales españolas. Normativa vigente sobre vigilancia marítima en el
Servicio de Vigilancia Aduanera. Regulación del tráfico de embarcaciones especiales de
alta velocidad de las aguas marítimas españolas. Disposiciones sobre identificación que
deben exhibir las embarcaciones de alta velocidad.

Tema 5. El fuego. Definición. Comburente. Triángulo del fuego. Tetraedro del fuego.
Energías de activación. Casos especiales de fuego. Explosiones. Agentes extintores.
Elección del agente extintor y eficacia. Instalaciones de sistemas fijos. El humo. Sistema
de ventilación. Descripción del equipo de respiración autónomo (ERA).

Tema 6. Embarcaciones de rescate. Características. Manejo de embarcaciones de
rescate en diversos estados de la mar. Izado y arriado de embarcaciones de rescate.
Rescate de supervivientes en el agua desde una embarcación de rescate. Uso de
embarcaciones de rescate.

Tema 7. Actuación en caso de «hombre al agua». Maniobras de la embarcación de
rescate. Supervivencia en agua fría. Técnicas de búsqueda. Búsqueda con exploración
visual. Exploración por radar y otros medios. Método de exploración (MERSAR).

Tema 8. Radiobaliza de localización de siniestros. Aparatos radiotelefónicos
bidireccionales. Aparatos radioeléctricos para embarcaciones de supervivencia. Sistemas
Satelitarios. El sistema INMARSAT-A, INMARSAT-C, INMARSAT-B, e INMARSAT-M.
Sistema IRIDIUM.



Anexo II.1.4

Derecho Comunitario y Legislación Aduanera

Tema 1. El territorio aduanero de la Unión: Definición y normativa comunitaria. El
arancel de aduanas común. Los derechos del arancel de aduanas común.

Tema 2. Los tributos recaudados por las aduanas. Consideraciones generales.
Recursos propios de la Unión Europea. Recursos de la Hacienda Pública española.

Tema 3. El hecho imponible: Consideraciones generales. La deuda aduanera. El
devengo. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo en aduana. Responsables tributarios.
Representación tributaria. La consignación. El agente de aduanas. Depósitos francos y
zonas francas.

Tema 4. Entrada de mercancías en territorio aduanero de la Unión. La declaración
sumaria. El depósito temporal. El destino aduanero. Abandono. Destrucción.

Tema 5. Regímenes aduaneros. El despacho a libre práctica. Procedimiento de
despacho. El DUA. Comprobación documental y reconocimiento de las mercancías.
Análisis químicos. El levante.

Tema 6. El origen de las mercancías: Normas generales contenidas en el Código
Aduanero Comunitario. El valor en aduana: Normas generales.

Tema 7. El tránsito aduanero. El depósito aduanero. Perfeccionamiento activo y
pasivo. Transformación bajo control aduanero. La importación temporal. La exportación.

Tema 8. Asistencia mutua administrativa: El Convenio de Asistencia Mutua entre las
Administraciones Aduaneras (Nápoles II). El Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, relativo
a la Asistencia Mutua.

Anexo II.2

Derecho Penal, Legislación de Contrabando y Derecho Procesal

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Penal. El Código Penal. Estructura y
contenido. Fuentes del Derecho Penal. La interpretación de las leyes penales. El principio
de irretroactividad de las leyes penales.

Tema 2. Concepto de delito: Imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad. La
participación en el delito: Autores y cómplices. Circunstancias eximentes, atenuantes y
agravantes. La responsabilidad civil. Delito consumado y en grado de tentativa.
Conspiración, proposición y provocación para delinquir. Grupos de delitos regulados en el
Código Penal.

Tema 3. Contrabando: Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de
Contrabando. Definiciones y tipificación del delito. Valoración de las mercancías objeto de
contrabando. Destino de las mercancías aprehendidas.

Tema 4. Infracciones administrativas de Contrabando: Real Decreto 1649/1998, de 24
de julio. Sanciones y graduación. Comiso. Prescripción. Procedimiento sancionador.
Órganos competentes. Instrucción. Resolución. Registro de sancionados.

Tema 5. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los derechos
fundamentales. Delitos contra la libertad. Delitos contra la intimidad. Delitos contra la
inviolabilidad del domicilio.

Tema 6. Delitos contra la Salud Pública. Concurso con el Delito de Contrabando.
Precursores y sustancias químicas catalogadas: Ley 3/1996, de 10 de enero, y su
Reglamento de desarrollo. El Delito de Blanqueo de Capitales y la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales. Delitos contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

Tema 7. Delitos contra la Administración Pública. Prevaricación de los funcionarios y
otros comportamientos injustos. Abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir
delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos
y violación de secretos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y



exacciones ilegales. Actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de
la función.

Tema 8. La detención. Concepto de detención. Derechos de los detenidos. La
asistencia letrada al detenido: Alcance y contenido. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de
mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 9. Entrada y registro en domicilios. Entrada y registro en el domicilio particular.
Mandamiento judicial. Entrada en domicilio en caso de delito «In fraganti». Entrada y
registro en otros lugares. Mandamiento administrativo. Entrada y registro de bares,
almacenes, garajes y otros locales.

Tema 10. El atestado. Concepto e instrucción del atestado. Puesta a disposición judicial.

Tema 11. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. Denuncia y querella.
Los órganos judiciales de naturaleza penal. Clases de tribunales penales. Competencias
y reglas que los rigen.

Tema 12. Medios de prueba. La percepción judicial, la inspección ocular. Prueba
documental. Las declaraciones de los testigos. La prueba pericial.

Tema 13. La Policía Judicial: Legislación general. El agente encubierto. Vigilancia
Aduanera como policía judicial.

Tema 14. El Ministerio Fiscal. La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión
del Tráfico Ilegal de Drogas. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación y Marítima

El Tribunal quedará constituido de la siguiente forma:

Tribunal titular:

Presidente: Doña Teresa Ibáñez Oroz, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda
del Estado.

Secretario: Don Luis Bravo González, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Vocales:

Don Luis de Luis Otero, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Doña Carmen Salido del Pozo, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Don Constantino Prieto Martínez, del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

Don Antonio Peláez Martos, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Don Luis Ángel Alonso Águeda, del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

Doña Fuencisla Gaitero Suárez, del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.

Don José María González Moreiro, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera

Tribunal Suplente:

Presidente: Don Pablo Herrera Serrano, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Secretaria: Doña Mercedes Ramos Argote, de la Escala de Gestión de Empleo
del INEM.

Vocales: Don Julián Barbero Sanz, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

Don David Segovia Mayoral, del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.

Doña Ana María Martínez Pérez, del Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado.



Doña Paloma Gómez Palomo, del Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado

Doña Juana Manuela Puerta Castellano, del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado.

Don Fernando Elvira Ferreras, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Don Juan José Pérez Alonso, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO IV

Instrucciones para el interesado

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas
selectivas convocadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y liquidación de
la tasa de derechos de examen (modelo 791) y en las siguientes instrucciones
particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría», se consignará
«Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera», código 0010, correspondiente.

En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se consignará la especialidad
elegida, así como el código correspondiente a la misma: letra «I» para especialidad de
Investigación o letra «J» para especialidad Marítima.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L».

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «AEAT»,
código «TB».

En el recuadro 19, «Fecha BOE», se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado
en el que haya sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará la ciudad donde se desee
realizar los dos primeros ejercicios de la oposición, entre la siguientes: A Coruña, Cádiz
y Madrid.

En caso de no especificarse en la solicitud el dato del lugar de examen por el que se
opta, se entenderá que el aspirante desea realizar los ejercicios en Madrid.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará la titulación poseída
o en condiciones de obtener.

En «Otros títulos oficiales», los aspirantes consignarán si ya poseen el permiso de
conducir a que se refiere la base 4.6.1., si se presentan a la especialidad de Investigación,
y si poseen el título a que se refiere la base 4.6.2., si se presentan a la especialidad
Marítima.

En el recuadro 26 se indicará si se está exento del pago de la tasa o si se tiene derecho
a la bonificación del 50%.

Para el sistema general de acceso libre el importe de la tasa por derechos de examen
será, con carácter general de 14,09 €. Y para las familias numerosas de la categoría
general de 7,04 €.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, por vía
telemática o personándose en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito
de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria.

En el caso de que el pago de la tasa de derechos de examen se abone en el extranjero,
se realizará éste en la cuenta corriente número 0128 0072 19 0100005621 (IBAN: ES48
0128 0072 1901 0000 5621), abierta, exclusivamente, para las solicitudes suscritas en el
extranjero, en C/ Orense, nº 85 –28020 Madrid– a nombre de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.



b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita
del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

c) La familias numerosas en los términos del artículo 12.1c) de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención
del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una
bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia
numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión del aspirante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido,
cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por
tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.

En aquellos casos en que, con arreglo a los dispuesto en la normativa vigente, proceda
la devolución de ingresos indebidos de la tasa, será necesario, para instar la devolución,
solicitud expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y cuenta corriente (veinte dígitos), a donde ha de
realizarse la transferencia bancaria de devolución, acompañando al original de la solicitud
el «ejemplar para el interesado» del impreso modelo 791.

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de derecho de examen supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.



http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

1



08/09/2009 10:45 gurbana Enlace permanente. VIGILANCIA ADUANERA No hay comentarios. Comentar.

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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
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Pues a parte de que no son para nada conocidas, en la escala de agentes hay dos ramas(marítima e investigación)
Suelen salir muy pocas plazas para toda España, nunca más de 50 por especialidad,(normalmente entre 15 y 30)
Lo bueno es que al ser poco conocidas la relacion plaza opositores solia ser bastante buena(en mi promoción 2007 al último examen llegamos 61 personas para 45 plazas PARA TODA ESPAÑA, se habían presentado unas 200)
Cuando me presente eran 4 examenes, (1 física y 3 pruebas escritas a desarrollar) ahora lo quieren hacer más estilo CNP y GC con lo que me consta que son 3 pruebas (1 fisica, 1 tipo test y 1 supuesto practico a desrrollar)
Titulacion academica piden Bachillerato, y a parte para rama marítima Formación Básica(antigua competencia de marinero) y para investigacion el BTP
La edad límite para acceder son los 55 años y las físicas eran de risa, ahora las han "endurecido" un poco.
Lo que más me ha llamado la atención y lo más atractivo del trabajo para mi es el poder disfrutar de 15 días libres al mes y en horario no suele superar las 95 horas mensuales(hablo del marítimo) puedes trabajar 7 dias y librar 7 o trabajar 14/14. Con lo que puedes ir a casa todos los meses a parte del mes de vacaciones.
El trabajo es bastante atractivo(dependiendo de las zonas), no es rutinario, y en el marítimo puedes acceder a observador del helicóptero o avión, y a Operaciones Especiales.

Esta es la última convocatoria:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Re ... /c1sva.pdf


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Dom Feb 20, 2011 6:24 pm 
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Muchisimas gracias Colimbo, muy interesante todo. Y el trabajo al fin y al cabo es policial se podría decir. Ahora bien, parece que ni el año pasado hubo convocatoria, ni este año tampoco, habrá, no?

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Nunca te rindas, Nunca aparentes, Nunca te aferres al pasado, Nunca estés inmóvil, Nunca dejes de soñar (Steve Jobs)


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 Asunto: Re: Auxilio Judicial (Policia Judicial)
NotaPublicado: Dom Feb 20, 2011 7:13 pm 
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PoliDani escribió:
Muchisimas gracias Colimbo, muy interesante todo. Y el trabajo al fin y al cabo es policial se podría decir. Ahora bien, parece que ni el año pasado hubo convocatoria, ni este año tampoco, habrá, no?


Yo calculo que hasta 2015 no saldrá nada de nada, aunque son teorías mías. El PSOE siempre a querido quitarnos de el medio(en la política yo no e caso con nadie) y ya ha dicho que no va a hacer la Policía Fiscal, el PP lo ha incluido en su programa, ya veremos que pasa. Tal y como están las cosas una Policía Fiscal es necesaria(economía sumergida, blanqueo de capitales, fraudes...), a parte de reorientar nuestro Servicio a donde debe ir encaminado dándole todas las consideraciones legales y operativas que se merece.


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