Noticias -> ETA, TERRORISMO CALLEJERO, ENTORNO ETARRA

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Arrestados diez «borrokas» en busca y captura
SAN SEBASTIÁN. La Policía detuvo ayer en San Sebastián a diez miembros de Segi que se encontraban en busca y captura por actos de «kale borroka», cuando pretendían presentarse ante el juzgado de guardia. Ocho de ellos habían eludido una operación desarrollada en Oyarzun el pasado mes de abril, y los otros dos habían logrado huir de otro operativo llevado a cabo en mayo, en Baracaldo. Permanece en paradero desconocido el cabecilla de la trama, Oroitz Gurrutxaga, del que se sospecha que podría haber pasado a ETA. Según la organización ilegal Askatasuna, los arrestados son Alain Luna, Hodeiertz Urain, Oihana Mugika, Maitane Linazasoro, Egoitz Urbe, Oinatz Arbelaitz, Imanol Sagarzazu, Iker Zabala, Jon Villanueva y Asier Gómez. Los detenidos habían celebrado una rueda de prensa en Oyarzun, para asegurar que en varias ocasiones pidieron comparecer ante la Audiencia Nacional sin conseguirlo, y que su propósito entonces era presentrase de inmediato en el juzgado de San Sebastián. Cuando acudieron, la Policía los interceptó.

 

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Garzón investiga a la principal siderurgia vasca por pagar la extorsión a ETA
M. LUISA G. FRANCO
BILBAO. La detención, ayer, de José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, el mayor grupo siderúrgico del País Vasco y probablemente uno de los principales de España, con una plantilla de cinco mil personas, por presuntos pagos a ETA, conmocionó a la sociedad vasca. Jainaga, quien fue puesto en libertad ayer mismo tras prestar declaración, entró en Sidenor como director general en 1998, poco después de que se hiciera con la empresa, al privatizarse, la sociedad de cartera Ifesa, entre cuyos principales accionistas estaba Sabino Arrieta, uno de los empresarios de la órbita del PNV. Otro empresario, cuyo nombre no ha trascendido, también fue retenido por unas horas.
Los presuntos pagos a ETA por los que el juez Garzón ordenó a la Guardia Civil el registro del domicilio de José Antonio Jainaga estarían supuestamente vinculados a esa etapa de la empresa, antes de su venta, a finales de 2005, al grupo brasileño Gerdau, al Santander y a directivos de la propia compañía por 443,8 millones de euros. La detención de Jainaga se produjo a primera hora de la mañana en su domicilio, tras el registro del mismo, donde la Guardia Civil se incautó de diversa documentación.
Mientras Confebask, la patronal vasca, no realizaba ninguna valoración de este hecho sin precedentes, el Círculo de Empresarios, que preside Álvaro Videgain, salió en defensa del consejero delegado de Sidenor, al destacar que tanto él como el grupo siderúrgico contribuían a la generación de riqueza y a la creación de empleo. El Círculo de Empresarios Vascos sí reclamó que se aclaren las imputaciones contra el consejero delegado de Sidenor y reivindicó para él la presunción de inocencia, condenando la extorsión a la que ETA somete a los empresarios vascos.
El arresto de José Antonio Jainaga es consecuencia de la documentación intervenida al dirigente de ETA Javier López Peña, detenido el pasado 21 de mayo en Burdeos junto a otros tres responsables del aparato político de la banda. En esos documentos figura el posible pago a ETA de 90.000 euros, sin que aparezcan indicios de que pudiera ser voluntario.
La investigación policial distingue este caso, que respondería a la cesión al chantaje de ETA, del de las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que se les imputa el pago voluntario a la banda. Ambas permanecen encarceladas, acusadas de colaborar con ETA y de haber donado 6.000 euros a los terroristas.
La detención del consejero delegado de Sidenor es un salto cualitativo en la acción de la Justicia contra el pago del denominado «impuesto revolucionario» de ETA. Hasta entonces, la única gran empresa que había sido relacionada por Garzón con la trama de extorsión de ETA era Azkoyen. Varios ex directivos de esa empresa navarra fueron imputados por el pago a ETA de 222.374 euros en 2001. El chantaje de ETA está muy extendido en el País Vasco y no sólo afecta a empresarios, sino también a pequeños comerciantes y a profesionales, que no han recibido cobertura institucional para afrontar la amenaza etarra. Tampoco quienes se han enfrentado a ETA y se han negado a pagar el impuesto revolucionario han recibido reconocimiento institucional o social por su negativa a financiar crímenes terroristas e incluso han resultado «marcados» por ello.
Sidenor apoyó ayer a su consejero delegado, destacando su «honorabilidad» y «profesionalidad». El PNV, partido en cuya órbita se mueve José Antonio Jainaga, permaneció ayer públicamente en silencio, mientras que EA consideró que «el Estado debe proteger a los extorsionados, en lugar de detenerles», ya que, en su opinión, «son víctimas de ETA».

 

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Ingresan en prisión nueve de los 10 detenidos en San Sebastián por 'kale borroka'

MADRID.- La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de nueve de los diez detenidos este martes en San Sebastián, que estaban en busca y captura desde hace más de dos meses por su relación con actos de violencia callejera en el País Vasco, y uno ha quedado libre con una fianza de 6.000 euros.

La detención se produjo este martes en la puerta del Juzgado de Guardia de San Sebastián, a donde se habían dirigido los 10 arrestados con la intención de prestar declaración después de ofrecer una rueda de prensa en Oiartzun, acompañados de sus abogados y familiares.

Ocho de los arrestados han comparecido ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que ha ordenado la prisión de todos excepto de Imanol Sagarzuzu, para quien ha decretado libertad bajo fianza de 6.000 euros, han informado fuentes jurídicas.

Estos son Alain Luna, Hodeiertz Urain, Oihana Mujika, Maitane Linazasoro, Egoitz Urbe, Oinatz Arbelaitz e Iker Zabala. El magistrado les atribuye la autoría de múltiples actos de terrorismo callejero cometidos en la provincia de Guipúzcoa, principalmente en la localidad de Rentería, desde el año 2005.

La Policía considera a este grupo responsable de la organización juvenil radical Segi en la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea, concretamente en las localidades de Errenteria, Oiartzun y Lezo, donde habrían participado en numerosas acciones de violencia callejera.

Para los otros dos —Asier Gómez y Jon Villanueva— el magistrado Pablo Ruz, que ha sido quien les ha interrogado, ha ordenado prisión incondicional por un delito de estragos e incendios terroristas.

Huída tras operaciones anteriores
El grupo responsable de Segi en Oarsoaldea huyó tras la operación desarrollada por la Policía el pasado 18 de abril. En aquella redada fueron detenidas 10 personas acusadas de formar parte de un grupo de apoyo a ETA responsable de los principales actos violentos cometidos desde 2005 en Errenteria, Oiartzun y Lezo, entre los que figuran el Juzgado de Paz, la comisaría de la Ertzaintza y la estación de Eusko Tren en Errenteria y un transformador eléctrico de Iberdrola en Lezo.

De esos diez arrestados, Grande-Marlaska envió a la cárcel a cinco y dejó en libertad a los otros cinco, a cuatro con fianza y al quinto con la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días.

Los dos que han declarado ante Ruz, que al igual que Grande-Marlaska ha declarado secreta la causa, habían escapado de una redada de la Ertzaintza efectuada el 6 de mayo en Barakaldo (Vizcaya), en la que fueron detenidos cinco jóvenes, dos de los cuales ingresaron en prisión y otros tres quedaron en libertad con medidas cautelares por orden de este magistrado.

A este segundo grupo se le atribuyó la mayoría de las acciones de 'kale borroka' cometidas recientemente en la comarca vizcaína de la Margen Izquierda, entre ellas la colocación de un artefacto en la estación de Lutxana, así como ataques con artefactos incendiarios contra autobuses urbanos y sedes de partidos políticos, y la quema de varios cajeros automáticos.

El líder huído
Oroitz Gurrutxaga, uno de los cabecillas del primer grupo continúa huido y las fuentes policiales consultadas sospechan de la posibilidad de su integración en ETA.

Gurrutxaga también consiguió eludir la acción policial cuando el pasado 18 de abril fueron detenidos otros doce miembros del grupo que él dirigía en una operación llevada a cabo por la Policía en Guipúzcoa. Este grupo tenía en su poder las direcciones de varios concejales y militantes del PSE en Rentería, localidad que junto a Oiartzun y Lezo formaba el triángulo donde los detenidos cometían presuntamente sabotajes desde 2005, informaron fuentes de la investigación.

Este huido, veterano de la 'kale borroka' y detenido ya en 2000, podría estar siguiendo los pasos de su hermano, Egoitz Gurrutxaga, quien era militante de la banda terrorista hasta que murió en septiembre de 2002 en Bilbao mientras manipulaba una bomba en el interior de un vehículo. Egoitz tenía antecedentes por actos de violencia callejera y por colaboración con ETA.

 

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El 'caso Atutxa' llega a su recta final tras denegarse la suspensión de la condena
Cinco años después, el principal caso de enfrentamiento reciente entre dos poderes en España -el Parlamento vasco y el Tribunal Supremo- toca prácticamente a su fin. La sentencia por el caso Atutxa, la negativa del anterior presidente de la Cámara legislativa, Juan María Atutxa, y de sus entonces compañeros de Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) a disolver en 2003 el grupo parlamentario heredero de la ilegalizada Batasuna, se va a ejecutar.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia -Pablo Sesma, Javier Murgoitio y Juan Carlos Iturri- que juzgaron a los tres acusados rechazaron ayer la penúltima carta que tenía en sus manos la defensa de los condenados: el recurso de súplica presentado el pasado 24 de junio contra la decisión de ejecutar una sentencia, ya firme, que condenó por desobediencia el pasado 21 de enero a Atutxa, Knörr y Bilbao a penas de inhabilitación y a diversas multas. En concreto, el Tribunal Supremo impuso a Atutxa 18 meses de inhabilitación especial y seis meses de multa a razón de 100 euros diarios, y a sus compañeros de Mesa un año de inhabilitación especial y cuatro meses de multa con la misma cuantía.

Esta sentencia es firme desde el pasado 27 de mayo. Ahora toca ejecutar las penas impuestas.

Como era previsible, el Tribunal Superior rechazó el miércoles el recurso de súplica interpuesto por el abogado de los acusados, Alberto Figueroa, contra la decisión anterior de rechazar la suspensión de la condena.

El argumento es la falta de competencia para resolver una suspensión que únicamente puede adoptar el Tribunal Constitucional. Esa es, precisamente, la última baza, pendiente aún de ser resuelta por el Constitucional, que puede evitar la ejecución de la condena dictada por el Supremo. El pasado 17 de junio, la defensa presentó, además, un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el que se apremiaba a los magistrados encargados del caso para que resolvieran el recurso en el que se solicitaba la suspensión de la ejecución de la condena. La respuesta aún sigue pendiente.

Con todo, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo no fue pacífica, porque rescribía de hecho la doctrina Botín sobre la imposibilidad de que la acción popular pueda en solitario mantener una acusación en una causa en la que la fiscalía y las acusaciones particulares no participen como acusadores.

La segunda resolución notificada ayer a las partes por parte del alto tribunal vasco pone en marcha la ejecución de la sentencia. Aunque el auto puede ser recurrido en los próximos tres días, el tribunal se pone ya a la tarea. Aclarado por el Supremo en abril pasado que la condena de inhabilitación especial afecta únicamente a "la privación de cargo de parlamentario" y a la "incapacidad para obtener ese mismo cargo durante el tiempo de la condena", el tribunal ordena a la Presidencia de la Cámara vasca que indique la fecha en la que Kontxi Bilbao "cesa en los empleos, cargos y honores inherentes al cargo de parlamentario".

La diputada de Ezker Batua,que hoy valorará en el Parlamento de Vitoria la última decisión judicial en esta causa, es la única de las tres personas condenadas que sigue en activo en la política. El tribunal comunica a los otros dos condenados que "comienzan a cumplir la pena de inhabilitación especial" y hace extensiva esa comunicación a la Junta Electoral del País Vasco.

El auto anuncia también a los tres condenados que tienen que hacer "efectiva la multa que a cada uno de ellos se les impuso en esta causa en el plazo de 15 días desde la notificación" del citado auto. La resolución judicial, que puede ser aún recurrida en súplica ante el mismo tribunal, fue notificada ayer a las partes, según confirmaron fuentes cercanas al tribunal. Finalmente, el tribunal ordena también que se remita una notificación al Registro Central de Penados y Rebeldes para que los tres condenados queden incluidos en él.

 

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El ex director de 'Egin', en libertad bajo fianza por problemas de salud
El ex director del diario Egin Xabier María Salutregi, condenado el pasado 30 de noviembre a 12 años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA, saldrá hoy jueves en libertad provisional por problemas de salud, después de que la Audiencia Nacional le haya impuesto una fianza de 6.000 euros.

La sección tercera de la Audiencia Nacional ha fijado esta fianza para Salutregi en un auto en el que se afirma que la decisión se basa en informes del Servicio Vasco de Salud y de los responsables médicos de la prisión de Picassent (Valencia) -donde Salutregi estaba preso-, que "han acreditado problemas de salud" en el recluso, han informado fuentes jurídicas.

Salutregi estaba preso tras la sentencia del sumario 18/98, seguido contra el aparato político y financiero de ETA, en el denominado caso Ekin, contra el entramado de organizaciones del entorno terrorista. Salutregi fue elegido por ETA para dirigir este periódico, cargo que ocupó desde el 31 de marzo de 1992 y desde el que emprendió un proceso de renovación en el que estableció una línea informativa en la que se justificaban los asesinatos de los terroristas.

La sentencia del sumario 18/98 condenó a 46 de los 52 procesados a un total de 527 años y seis meses de prisión, en su mayor parte por pertenencia o colaboración con organización terrorista.

El auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional subraya que hay un "escaso riesgo de fuga" de Salutregi. Ahora, el ex director de Egin tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado.

 

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ETA exige hasta 120.000 euros a empresarios vascos en nuevas cartas de extorsión
Los terroristas amenazan a personas ya chantajeadas con un tono más agresivo de lo habitual.- El envío ha coincidido con las últimas detenciones a industriales

elpais.com - La banda terrorista ETA ha enviado una nueva remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos, a los que exige el pago de entre 70.000 y 120.000 euros. Las misivas han llegado a sus destinatarios a lo largo del mes de junio y amenazan tanto a personas que hasta ahora no habían sido chantajeadas como a antiguos extorsionados, según informa el diario El Correo. El envío de estas cartas ha coincidido con los últimos interrogatorios practicados a empresarios por pagar a ETA, como las de Sabino Arrieta, ex presidente de la siderúrgica Sidenor, y José Antonio Jainaga, consejero delegado de esta acería.

El tono empleado por los terroristas es mucho más agresivo de lo habitual en los casos de recordatorios a empresarios que se han negado a pagar las cantidades solicitadas por los terroristas, que en las que se reciben por primera vez. Los expertos en la lucha antiterrorista consideran que la cantidad de cartas recibidas ahora es ligeramente superior al que viene siendo habitual en los últimos meses.

Relación con las detenciones a etarras

Los investigadores estudian la posibilidad de que esta nueva remesa de cartas de extorsión esté relacionada con los etarras detenidos en Burdeos el pasado 20 de mayo, entre los que se encontraba el jefe de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry.

A partir de la documentación intervenida a la cúpula etarra, las hermanas de Orio Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, fueron detenidas el pasado 11 de junio y encarceladas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que decidió su puesta en libertad bajo fianzas de 20.000 euros cada una. La Guardia Civil ha investigado además de a los citados responsables de Sidenor, al empresario Jesús Guibert Azkue. En todos los casos, una vez prestada la declaración quedaron en libertad a la espera de que el juez les pueda citar en la Audiencia Nacional.

 

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Garzón advierte al lendakari que dar dinero al PCTV sería ilegal
ABC
MADRID. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón advirtió ayer que si de los 5 millones de euros que el lendakari, Juan José Ibarretxe, ha destinado a la consulta, alguna cantidad llegara directa o indirectamente al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) se estaría «actuando fuera de la ley».
El juez, sin querer entrar en «análisis políticos», recordó que por decisión judicial están suspendidas todas las actividades del PCTV. Por lo tanto, dejó claro que en caso de que se destinara una partida presupuestaria a las «nekanes» para que hicieran campaña sobre la consulta, se estaría utilizando ese dinero «en contra de una resolución judicial» y «habría que analizar la posible responsabilidad que pudiera existir».
«Financiar un referéndum que no se ajusta ni a la ley, ni a la Constitución, ya me parece grave, pero en todo caso tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida que esto es así», enfatizó al respecto Baltasar Garzón.
El partido de las «nekanes» prestaron uno de sus votos, suficiente, para que la pretendida ley de consulta promovida por Ibarretxe recibiera el respaldo de la Cámara vasca. Algunos vieron en esa actitud, además de la oden de ETA, la intención del PCTV de recibir una importante partida de dinero.

 

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ETA fijó una minitregua para el debate de la consulta de Ibarretxe
El 'lehendakari' supo pocos días antes del pleno que la banda no atentaría
elpais.com - LUIS R. AIZPEOLEA - Madrid - 10/07/2008

ETA ordenó un breve periodo de "distensión", una "minitregua" no declarada oficialmente, alrededor del 27 de junio, día en que el Parlamento vasco celebró el debate y la votación del proyecto de ley de consulta soberanista del lehendakari Juan José Ibarretxe. Éste tuvo conocimiento, por vías indirectas, de que dicho pleno se celebraría sin atentados de ETA pocos días antes, según fuentes nacionalistas.

Últimos atentados etarras

El PNV dice que su acatamiento a la legalidad no vincula al Gobierno vasco
Garzón afirma que es ilegal dar dinero al PCTV para la consulta

El paréntesis sin atentados no preludia una etapa de "distensión"

El apoyo a la ley estuvo precedido de una discusión en la izquierda 'abertzale'
Los hechos lo confirman. ETA consumó su último atentado el 8 de junio, 19 días antes de la celebración del pleno del Parlamento vasco, contra las instalaciones del diario El Correo, en Bilbao. Posteriormente al debate sobre la consulta, la banda colocó un artefacto explosivo en el repetidor de Urdingain, en el alto de la sierra de Elgea (Alava). Fue el 4 de julio. En medio, ETA ha pasado prácticamente un mes sin atentar.

Este paréntesis en su actividad no significa el preámbulo de una etapa de "distensión" de ETA. Tanto fuentes nacionalistas como socialistas coinciden en que la banda seguirá golpeando. La tesis que mantiene el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que comparte el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, es que ETA ya tiene una nueva cúpula desde la detención de su dirigente Francisco Javier López Peña, Thierry, en Burdeos (Francia), el pasado 20 de mayo, y que, pese a su debilidad, "aún puede hacer mucho daño".

Las previsiones nacionalistas y socialistas apuntan a que ETA podría intensificar su campaña de atentados una vez que el Gobierno de Zapatero recurra ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley de consulta soberanista de Ibarretxe. Previsiblemente retomará la campaña que inició tras la ruptura de la tregua en junio de 2007 y que intensificó la pasada primavera con el asesinato del ex edil socialista de Mondragón (Guipúzcoa) Isaías Carrasco, el 7 de marzo; el del cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava), que costó la vida al guardia Juan Manuel Piñuel, el 14 de mayo, y los atentados contra las obras del tren de alta velocidad vasca.

La decisión de ETA de permitir que saliera aprobado el proyecto de ley de consulta de Ibarretxe, y de que se celebrase en ausencia de violencia estuvo guiada por sus intereses políticos, y no por sacar del apuro al lehendakari, que arriesgaba su dimisión si perdía la votación, aseguran fuentes nacionalistas.

De hecho, la decisión de respaldar el proyecto de ley de consulta de Ibarretxe estuvo precedida de una fuerte discusión en la izquierda abertzale. Ezker Abertzalea estaba a favor de apoyarlo y las Gestoras pro-aministia, Ekin y Jarrai se opusieron radicalmente.

"Primó el cálculo político en la decisión que los enviados de ETA impusieron al grupo de PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) para que diera paso al proyecto de ley de consulta. Apoyarlo era el mal menor y un balón de oxígeno para la izquierda abertzale. El rechazo del proyecto de ley en el Parlamento vasco hubiera desencadenado el adelanto de las elecciones vascas y, con ello, la precipitación de la salida de la izquierda abertzale del Parlamento, a la que, previsiblemente, no regresará", señalan fuentes nacionalistas.

Facilitó la decisión el que en las dos preguntas de la consulta de Ibarretxe no hubiera una condena de ETA. Ibarretxe lo hizo de manera consciente para propiciar el voto de PCTV, lo que le valió un enfrentamiento con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que se había manifestado públicamente a favor de condenar expresamente a ETA.

El modo en que se materializó la aprobación del proyecto de ley de consulta de Ibarretxe fue fruto de las discrepancias que vivió la izquierda abertzale. Fue una decisión salomónica. Sus dirigentes decidieron dar un sólo sí y nueve abstenciones para que el proyecto de ley saliera por un solo voto y, a la par, la portavoz de PCTV, Nekane Erauskin, descalificó en su discurso la propuesta de Ibarretxe y destacó su "inutilidad" para detener la actividad terrorista de ETA. El tono fue tan duro que causó gran malestar en la dirección del PNV y en Urkullu.

La salida adelante del proyecto de ley de Ibarretxe no va a cambiar la estrategia de ETA ni la de la izquierda abertzale. No es una novedad que ETA haya realizado un breve paréntesis en su actividad terrorista. El 23 de junio de 1996, nada más entrar en el Gobierno José María Aznar, ETA anunció una tregua de una sola semana. Pero entonces fue oficial y con una petición dirigida al nuevo Gobierno del PP sobre su clásica reclamación: derecho a la autodeterminación.

En cuanto a la izquierda abertzale, se encuentra descabezada tras la detención de su cúpula en octubre de 2007. La previsible desaparición de su grupo parlamentario tras las elecciones vascas, deja a sus representantes en situación de cuasi clandestinidad. Fuentes de la lucha antiterrorista consideran además que la detención López Peña ha provocado cierto desconcierto en la banda, lo que también ha podido influir en el parón.

 

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Francia entrega a dos miembros del comando 'Vízcaya' y a otro del 'Argala'
elmundo.es - EFE - MADRID.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han trasladado desde Francia a los presuntos miembros de ETA Cristina Goiricelaia González, Eneko Agirresarobe Olagoy y Óscar Celarain Ortiz, integrantes de los comandos 'Vizcaya' y 'Argala' de ETA.

Según ha informado la Policía, Cristina Goiricelaia estaba reclamada por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada, mientras que sobre Eneko Agirresarobe y Óscar Celarain pesaba una reclamación por pertenencia a banda terrorista.

Eneko Agirresarobe, miembro del 'comando Vizcaya' de ETA fue arrestado por la Policía francesa el 18 de noviembre de 2003 en la localidad de Saint Julien, a unos 50 kilómetros al noreste de Toulouse.

De 27 años y nacido en San Sebastián, fue miembro del comando 'Zuzen' hasta su desarticulación en diciembre de 2001. Ya en marzo de 2003, pasó a formar parte del comando 'Vizcaya' como miembro "liberado", a sueldo de la banda

Se le atribuyen cinco atentados con explosivos, entre los que se encuentran tres coches bomba, el más grave el perpetrado el 27 de julio de 2003 en el aparcamiento del aeropuerto de Santander.

Una ex concejala
Cristina Goiricelaia, de 40 años, nació en Bergara (Guipúzcoa), y fue concejal de la localidad vizcaína de Yurre por Herri Batasuna.

En 1999 se integró en el comando 'Vizcaya' y durante un tiempo prestó su caserío de la localidad vizcaína de Fruniz como piso de seguridad y como zulo para almacenar armas y explosivos.

En noviembre de 2000 huyó tras la desarticulación del comando hasta que fue detenida por la Policía francesa el 10 de enero de 2003 en Dax, al suroeste de Francia junto a otros dos terroristas. En el momento del arresto, portaban 72.000 euros procedentes del llamado 'impuesto revolucionario'.

Por último, Óscar Celarain Ortiz, de 37 años, nació en Tolosa (Guipúzcoa) y fue miembro del comando 'Argala' de ETA, al que se atribuyen varios atentados en zonas turísticas durante el verano de 2002.

Celarain fue detenido, junto a Andoni Otegi Eraso, cerca de la ciudad francesa de Toulousse el 20 de septiembre de 2002.

 

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ETA se deshace de coches en Francia tras la detención del jefe de su «aparato político»
En lo que va de mes han aparecido tres automóviles quemados en territorio galo

J. M. Zuloaga. LARAZON.ES

MADRID- En lo que va de mes han aparecido tres coches quemados en territorio francés, que, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, habían sido robados por ETA.

Estos hechos y la menor actividad criminal que la banda ha realizado en las últimas semanas, han llevado a los expertos a considerar que la detención el pasado mes de mayo en Burdeos del jefe del «aparato político», Francisco López, «Thierry» y «Zulos», ha tenido una mayor trascendencia de la que se pensó en principio.

Miembros del «aparato militar» etarra, del que dependen los «comandos», se movían en el entorno del cabecilla López, lo que explicaría que hubieran decidido adoptar una serie de medidas de protección por si las Fuerzas de Seguridad habían conseguido en la operación de Burdeos algún dato que pudiera conducir a la localización y desarticulación de las células que ETA mantiene, o mantenía, operativas en España. La quema de los automóviles que han aparecido en Francia formaría parte de esas medidas de seguridad al sospechar que los automóviles podían ser detectados.

No se descarta, a este respecto, que el «comando Vizcaya», al que se imputan la mayoría de los atentados que ETA ha cometido en la citada provincia y en zonas cercanas del País Vasco o limítrofes con esta Comunidad Autónoma, se haya replegado a Francia. Además, en el funcionamiento tradicional de las células de la banda, es normal que después de una intensa campaña de atentados sus integrantes se escondan durante algún tiempo en suelo galo. Los «liberados» (fichados) del «Vizcaya» estaban plenamente identificados -se trataba de Jurdan Martitegi y Arkaitz Goicoechea- y habían hecho gala de una sangre fría que hacía previsible su detención a corto o medio plazo. En el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, los terroristas habían comprado el teléfono que utilizaron para avisar de la explosión del coche bomba en la citada localidad riojana, cuando acudieron para preparar la acción criminal.

 

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De Juana y Otegi saldrán de la cárcel en agosto
Ep

El preso de ETA Ignacio de Juana Chaos abandonará definitivamente la prisión de Madrid VI-Aranjuez, donde ingresó por última vez el 7 de junio de 2007, apenas 24 horas después de que ETA formalizase el fin del alto el fuego que había declarado 14 meses antes, informaron fuentes penitenciarias. A finales de ese mismo mes, saldrá de la cárcel guipuzcoana de Martutene el antiguo líder de Batasuna Arnaldo Otegi.
De Juana, con 25 asesinatos a sus espaldas, ingresó en prisión en 1987 y tenía prevista su salida de la cárcel en 2004. Había sido juzgado y condenado por el antiguo Código Penal, lo que implicaba que sus redenciones de pena se descontasen del máximo a cumplir, es decir, 30 años.
La revisión de las redenciones que se le habían aplicado, la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de imputarle por amenazas terroristas en dos artículos de ‘Gara’ y la condena final de 12 años y 7 meses, se mezclaron con dos huelgas de hambre en las que se llegó a temer seriamente por la vida del preso etarra.
El Gobierno decidió trasladarle en la segunda huelga de hambre al hospital Donostia de San Sebastián, lo que provocó una fuerte polémica que incluyó numerosas manifestaciones, la mayor de ella realizada en Madrid el 24 de febrero de 2007. Convocados por la AVT, decenas de miles de personas pidieron en la calle que el terrorista cumpliese íntegros los tres años de condena que le restaban.
Cuando el terrorista veía cerca su aspiración de salir de la casa y poder cumplir el resto de la pena con control telemático en su domicilio, ETA emitió un comunicado de ruptura formal de la tregua y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió el regreso inmediato a la cárcel del etarra para cumplir el resto de su pena. En este último periodo en prisión, De Juana ha contraido matrimonio con Irati Aranzabal, una joven que conoció al asesino en prisión.
Por su parte, Arnaldo Otegi abandonará Martutene el 30 de agosto tras haber cumplido 15 meses de condena por enaltecimiento del terrorismo. Otegi tiene que responder a tres causas que podrían suponer penas de cárcel, la más grave la relacionada con la financiación de Batasuna a través de las ‘herriko tabernas’, por la que Otegi podría ser condenado a 15 años de prisión por pertenencia a banda armada. El ingreso en prisión de Otegi acabó definitivamente con su liderazgo en Batasuna. Posteriormente fue encarcelada la mayoría de la Mesa Nacional que él encabezaba y, actualmente, la izquierda abertzale proetarra continúa sin referentes y ha trasladado su escasa actividad al sur de Francia.

 

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El Supremo confirma la absolución de dos acusados de informar a ETA para un atentado

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución de dos acusados de colaborar en el atentado contra Iñaki Dubreuil, edil socialista del Ayuntamiento guipuzcoano de Ordizia, en el que murieron dos trabajadores de la empresa Elektra, el 22 de febrero de 2001, al no quedar probado que facilitaran a ETA información sobre el concejal.

El alto tribunal rechaza así el recurso presentado por la Fiscalía, que alegó que el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuició el caso, al absolver a los dos acusados, había omitido la valoración de pruebas incriminatorias que el ministerio público consideraba esenciales.

Los acusados eran Ibon Urrestarazu Esnaola y Alaitz Iturrioz Garmendia, para quienes el fiscal pedía 115 años de cárcel para cada uno por dos delitos de asesinato terrorista, seis en grado de tentativa y un delito de estragos.

El atentado estaba planeado para matar a Dubreuil: un coche bomba aparcado en el apeadero de ferrocarril del barrio de Martutene, en San Sebastián, preparado para estallar cuando el edil pasara por ese lugar. Aquel día Dubreuil se bajó del tren y cuando caminaba en dirección a su trabajo, acompañado de su escolta, oyó un fuerte ruido y vio a una de las víctimas con heridas en las piernas.

La explosión alcanzó a dos trabajadores -José Ángel Santos Laranga y Jesús Leonet Azcune-, que murieron en el acto, así como a otras dos personas que sufrieron gravísimas lesiones y a otras tres, heridas de menor consideración.

Declaraciones de los acusados

La sentencia de la Audiencia Nacional -indica el Supremo- analizaba y respondió de manera adecuada al valor probatorio de las iniciales declaraciones autoinculpatorias de los acusados. Sin embargo, para el alto tribunal, las pruebas a las que se refería el fiscal en su recurso "no son otras que las declaraciones sumariales prestadas por los propios acusados, en las que reconocieron haber facilitado datos trascendentes acerca de los hábitos y circunstancias de los movimientos" del concejal, y de las que luego se retractaron en el juicio oral.

Por ello, agrega la sentencia del TS, la Audiencia Nacional se vio obligada a cuestionarse "de modo absolutamente correcto, la necesidad de determinar" qué declaraciones deben merecer mayor credibilidad.

elpais.com

 

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"Olviden las fotografías de turno y céntrense contra ETA"

Leonor Regaño, viuda de Manuel Jodar, artificiero de la Policía asesinado por ETA en 1989, recordó ayer a los políticos que "tienen la obligación de ponerse de acuerdo" para acabar con la banda terrorista y les pidió que hagan un "examen de conciencia" y "piensen en lo que están fallando".

Regaño habló en nombre de las asociaciones de víctimas que han colaborado con la exposición Biktimak-Víctimas, inaugurada en la Casa de Juntas de Gernika, después de pasar más de dos meses en el Parlamento vasco. La muestra estará en el municipio vizcaíno hasta el próximo 31 de agosto.

En el acto, celebrado frente al Árbol de Gernika, Regaño afirmó que los terroristas "no tienen nada que hacer" ante la unidad de los demócratas y pidió a las distintas formaciones que tomen como modelo el momento de unidad que siguió al asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua en 1997. "Fue una lástima que [los políticos] desaprovechasen esa ocasión", lamentó. "Olvídense de fotografías de turno, de parabienes, de las palabras adecuadas que resultan vacías y frías y centren todas sus fuerzas en terminar" con ETA, les reclamó la viuda de Jodar.

Regaño declaró que este acto ha tardado muchos años en llegar y destacó la "delicadeza" con la que está tratada la exposición, que, según dijo, huye del morbo. La muestra, de carácter itinerante, recoge casi un centenar de fotos, testimonios y películas.

 

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Francia entrega a España a los etarras Aloña Muñoa Ordozgoiti y Juan Antonio Olarra Guridi

ELMUNDO.ES - MADRID.- Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Comisaría General de Policía Judicial han trasladado este martes desde Francia a los presuntos miembros de ETA Aloña Muñoa Ordozgoiti y Juan Antonio Olarra Guridi.

Aloña Muñoa está reclamada por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada. Juan Antonio Olarra es entregado por Francia de forma temporal por seis meses y le constan múltiples reclamaciones por terrorismo, pertenencia a banda armada y asesinatos.

Muñoa Ordozgoiti, alias 'Enma', de 26 años, estuvo relacionada con el comando 'Ttotto', grupo que asesinó al periodista José Luis López de Lacalle. La etarra se dio a la fuga en febrero de 2001 después de que la Ertzaintza detuviera a su novio, Iñigo Guridi Lasa, autor material del asesinato de Lacalle, y desarticulara al comando.

Aloña fue detenida en febrero de 2003 en la localidad francesa de Irulegui junto a Mikel Otegi.

Un historial sangriento
Juan Antonio Olarra Guridi, alias 'Juanvi', 'Jon', 'Jokin' y 'Fede', nació el 11 de septiembre de 1967 en San Sebastián (Guipúzcoa). Entre 1991 y 1993 formaba parte de un comando armado dependiente de los liberados del 'Donosti'.

El 2 de enero de 1991 participó presuntamente en labores de información y vigilancia en el asesinato del Gobernador militar de Guipúzcoa, el coronel Luis García Lozano.

Ese año se sospecha su participación en la colocación de un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Los Arcos (Navarra) y otro en Irún. Es el presunto autor material en octubre del asesinato de los miembros de la Guardia Civil Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo en San Sebastián.

En abril de 1992 participó como presunto autor material en el asesinato del miembro del Cuerpo Nacional de Policía Juan María Helices. En enero de 1993, ya como miembro del comando 'Donosti', se supone su participación en el atentado contra el funcionario de prisiones José Ramón Domínguez.

Asimismo, cuando operaba en Guipúzcoa facilitó los artefactos explosivos y las armas para otros dos atentados: la colocación de un artefacto en la comandancia de Marina y el intento de asesinato de un policía.

Posteriormente, se incorporó al "comando Levante", junto con su novia Ainhoa Múgica. Ocuparon un piso en Benidorm (Alicante), donde se halló diversa documentación en el registro efectuado por las Fuerzas de Seguridad, en 1994. Entre esta había una fotografía de Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado en la Universidad Autónoma de Madrid 20 meses más tarde.

Nuevamente fue presuntamente identificado junto con su compañera Ainhoa Múgica Goñi, tras la localización de un piso franco de ETA en la calle Polibea de Madrid.

Olarra Guridi fue detenido el 16 de septiembre de 2002 por la Policía Judicial Francesa en una operación coordinada por la Comisaría General de Información en Talence, Burdeos, a bordo de un Renault Clio con placas falsas. Le fueron incautadas armas y documentación falsa.

 

[hk]

Garzón amplía las causas contra Olarra Guridi al imputarle el asesinato de Tomás y Valiente

elmundo.es - Se amplían las causas contra el ex jefe militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El juez Baltasar Garzón ha decretado este viernes el ingreso en prisión del etarra al imputarle labores de apoyo en relación con el asesinato, en 1996, del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Olarra Guridi formaba parte del 'comando Madrid', que planeó y cometió el atentado.

De esta forma, el magistrado de la Audiencia Nacional amplía las causas por las que el pasado martes las autoridades francesas entregaron de forma temporal a Olarra Guridi, contra el que el juez Santiago Pedraz decretó prisión un día después por ordenar un atentado en Salou (Tarragona) en agosto de 2001, que causó heridas leves a 13 personas y cuantiosos daños materiales.

En el auto de prisión, Garzón señala que el 14 de febrero de 1996, el miembro del 'comando Madrid' Jon Bienzobas disparó a Tomás y Valiente cuando éste se encontraba en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y subraya que "actuaba de acuerdo" con los demás integrantes del comando, entre los que estaba Olarra Guridi.

El 'comando Madrid' (que también formaban Rufino Arriaga, Ainhoa Múgica Goñi e Idoia Martínez) se refugiaba entonces en un piso situado en el número 51 de la calle del Doctor Fleming (Chamartín).

El magistrado estima que debe imputarse a Olarra Guridi la participación en el asesinato de Tomás y Valiente porque "ocupaba junto al resto de procesados el piso franco de la organización", donde "guardaban los explosivos, las armas y las placas de matrículas falsas que llevaba el vehículo bomba" en el que huyó Bienzobas.

Además, determinados testigos identificaron a Olarra Guridi como la persona que esperó a Bienzobas en el citado vehículo para facilitar su huída desde la Universidad Autónoma tras disparar contra el catedrático.

Además de un delito de asesinato terrorista y depósito de armas, el titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional imputa al ex jefe militar de ETA un delito de lesiones por las heridas causadas a tres personas debido a la explosión del coche en el que huyó el asesino de Tomás y Valiente.

Miles de años de prisión
Olarra, que en otras dos primeras entregas temporales (julio de 2006 y agosto de 2007) fue juzgado en la Audiencia Nacional por algunos de sus más graves crímenes, suma ya condenas de 1.253 años de cárcel por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en el distrito de Puente de Vallecas, en el que murieron seis personas y de 30 años por ordenar al 'comando Andalucía' el asesinato del fiscal Luis Portero, el 9 de octubre de 2000 en Granada.

Según el Ministerio del Interior, Olarra Guridi también es el presunto autor material de los asesinatos de los guardias civiles Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo (octubre de 1991), el policía Juan María Helices (abril de 1992) y el funcionario de prisiones José Ramón Domínguez (enero de 1993).

Asimismo, se le implica indiciariamente en otros cinco atentados: el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa, el del coronel Luis García Lozano, en enero de 1991, para el que realizó labores de vigilancia e información; la colocación ese año de dos coches-bomba contra los cuarteles de la Guardia Civil en Los Arcos (Navarra) e Irún (Guipúzcoa); la entrega de material que explotó ante la Comandancia de Marina de San Sebastián y el intento de asesinato de un policía.

Fue detenido el 16 de septiembre de 2002 por la Policía Judicial Francesa en una operación coordinada por la Comisaría General de Información en Talence, cerca de Burdeos (Francia), a bordo de un Renault Clio que llevaba placas falsas. Le fueron incautadas diversas armas y documentación falsa.

 

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0Los proetarras rodean y amenazan de muerte a concejales del PP en Guecho

J. A. BILBAO Lunes, 11-08-08

Los rodearon, los insultaron y los amenazaron. Es lo que hizo ayer en Guecho (Vizcaya) un grupo de elementos proetarras con cuatro concejales del PP que acudían al Mercado de San Lorenzo. La denuncia de este nuevo caso de intimidación y acoso a políticos del PP la realizó Marisa Arrúe, portavoz del Grupo municipal del PP en Guecho, para quien la única tortura que hay en el País Vasco «es aguantar a esa gente». No es la primera vez -y, por desgracia, tampoco la última- que ediles y simpatizantes de esta formación política son en las calles del País Vasco objetivo, también, de los simpatizantes de ETA. Así, en este mismo mercado, hace ahora dos años la entonces presidenta del PP vasco María San Gil fue insultada y amenazada, y se convirtió en blanco de varios botellazos.
Marisa Arrúe explicó que tanto ella como varios compañeros de su partido vivieron a mediodía de ayer «un espectáculo terrible, muy desagradable cuando un grupo de indeseables» les rodearon y comenzaron a «insultarlos y a amenazarlos». Los proetarras incluso la llegaron a «amenazar de muerte. Me dijeron que me iban a matar. Lo hemos pasado francamente mal». Pero no sólo ellos fueron objetivo de los proetarras. En un momento dado, los radicales también comenzaron a vociferar insultos contra un grupo de simpatizantes del PP que salió en auxilio de los directamente zaheridos. «A varios de ellos los conozco del pueblo, son de esos que nos increpan alguna vez», afirmó la concejal con un tono más propio de la costumbre que de la resignación.
Sólo los escoltas
Pero Marisa Arrúe no sólo condenó a los vándalos que impidieron que políticos y simpatizantes populares disfrutaran de la fiesta que se celebraba en el Mercado de San Lorenzo. Sus críticas también las ha dirigido contra la Policía Municipal y la Ertzaintza. Hasta «en cuatro ocasiones»tuvieron que reclamar la intervención de la primera. Aunque poco, «algo hicieron», no así como la «Ertzaintza que ni apareció». De esta forma, los ediles populares sólo contaron con la protección de los servicios de seguridad que los acompañan.
Ante las amenazas de los proetarras y la falta de auxilio por parte de los que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, Marisa Arrúe cree que los hechos ponen de manifiesto, una vez más, «la falta de libertad» que se sufre día a día en el País Vasco «cuando llevamos treinta años de democracia». «Ellos te llaman torturadora, cuando la verdadera tortura es aguantar a esta gente».
Además, criticó al PNV y las «declaraciones benevolentes» que realizan sus dirigentes «en torno a todo este sector de violento», al que «le están dando fuerza». En este sentido, denunció que el alcalde de Guecho, Imanol Landa, del PNV, haya asegurado que las últimas fiestas vividas en la localidad han sido «las más pacíficas» porque, para Arrúe, es «lógico» que hayan sido pacíficas ya que «han dejado hacer lo que han querido a los violentos, con unas fiestas plagadas de referencias a ETA. Es una vergüenza la actitud del PNV», sentenció.
A su juicio, «es esa ambigüedad del PNV la que hace tanto daño para que en este país podamos vivir en libertad». En el mismo sentido, criticó que el consejero vasco de Interior, Javier Balza, diga «que iba a poner unas medidas especiales en Guecho porque «está en el punto de mira» de los terroristas, y «luego el alcalde permita a esta gentuza hacer lo que les da la gana» en las fiestas.
Apoyan a Ibarretxe
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, tras condenar el ataque sufrido por los concejales populares de Guecho, advirtió al lendakari, Juan José Ibarretxe, de que los autores de esas amenazas e insultos son «los mismos» que le dieron su voto para sacar adelante la Ley de Consulta.
Para Basagoiti, lo sucedido ayer en Guecho es una acción «absolutamente planificada», puesto que es evidente que «estaban esperando para acosar a los representantes del PP». Tras advertir a los autores de estos hechos de que no van a «parar ni amedrentar» a los dirigentes y cargos populares, aseguró que el PP va a estar «en las fiestas, calles y plazas de todos los pueblos y ciudades del País Vasco».

 

[hk]

amenazas públicas de muerte y los locales y ertzainas de brazos cruzados, pero luego dicen que todo es normal, que hay libertad....

 

[hk]

Retiran un artefacto explosivo en un edificio de viviendas en Bilbao
elmundo.es- Agentes de la Ertzaintza han retirado esta mañana un artefacto explosivo que podría ser una granada de un descansillo del portal de un edificio de viviendas de la calle Ugarte de Bilbao.

Según las primeras investigaciones, en el citado inmueble no vive ninguna persona perteneciente a los "grupos de riesgo" de sufrir atentados terroristas.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado barajan la posibilidad de que el artefacto responda a "un ajuste de cuentas" por tráfico de drogas, según informaron fuentes de la investigación.

Aunque, en un principio, se pensó que el ataque podía ir dirigido a un ex concejal del PP de Arrigorriaga, Isidoro Vinagre, que vive en las inmediaciones el lugar y que podría ser una equivocación, las pesquisas apuntan a que pueda tratarse de delincuencia común.

Agentes de la Ertzaintza localizaron el artefacto después de que una persona alertara a la Policía Municipal de un objeto sospechoso en un portal.

Los artificieros de la Policía autónoma comprobaron que efectivamente se trataba de un artefacto que inicialmente parecía una granada y lo retiraron del lugar para proceder a su desactivación.

 

[hk]

La Corte de la UE permite entregar a un etarra por hechos prescritos en Francia

Las autoridades francesas deberán conceder la extradición de etarras a España aunque los hechos que les imputen los tribunales españoles hayan prescrito en Francia. Así lo ha decidido el Tribunal de Justicia de la UE que, en una sentencia publicada ayer, establece que París tendrá que entregar al presunto etarra Ignacio Pedro Santesteban Goikoetxea, reclamado por la Audiencia Nacional por delitos terroristas cometidos en España en febrero y marzo de 1992 y que, conforme al derecho francés, ya no podían juzgarse.

El etarra, acusado en España de depósito de armas, tenencia ilícita de explosivos, utilización de vehículo de motor ajeno y pertenencia a banda armada, permanecía en prisión preventiva en Francia a la espera de que se pronunciaran los tribunales, tras haber cumplido otra condena en ese país. Santesteban Goikoetxea podría haber abandonado la cárcel el pasado 6 de junio si la Audiencia Nacional no llega a pedir su detención el pasado 28 de mayo, a la espera de una solicitud de extradición.

El tribunal europeo permite ahora la extradición después de dos intentonas fallidas de España. El Gobierno ya la solicitó en octubre de 2000, pero un tribunal del Versalles la denegó argumentando que los hechos por los que se le reclamaba habían prescrito. La Audiencia Nacional volvió a intentarlo en 2004 al dictar una orden europea de detención, pero Francia la denegó de nuevo aduciendo que ese instrumento sólo es aplicable en ese país para hechos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 1993 (fecha de entrada en vigor del Tratado de Maastricht). Los presuntos delitos de Santesteban se produjeron 10 meses antes.

El último intento, que ahora podría culminar con éxito, se produjo el pasado 2 de junio, cuatro días antes de que Santesteban abandonara la cárcel y se basaba en el Convenio de Dublín sobre extradiciones entre Estados de la UE -el instrumento jurídico anterior a la creación de la orden europea de detención- que establece expresamente que la prescripción de los delitos no puede ser excusa para denegar la entrega. El Tribunal de Apelación de Montpellier, encargado de informar sobre el caso del etarra, preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si era posible aplicar ese convenio al caso de Santesteban. Lo hizo por el procedimiento de urgencia ante la inminencia de su salida de prisión.

Compromiso francés
El tribunal europeo da la razón a los Gobiernos de España y Francia (ambos favorables a la entrega) y argumenta que Santesteban puede ser extraditado de acuerdo con ese tratado de la UE ya que Francia se comprometió a seguir tramitando conforme a ese acuerdo "las solicitudes [de extradición] relativas a los actos cometidos antes del 1 de noviembre de 1993" y ese, precisamente, es el caso del etarra. "La aplicación de convenios como el de 1996 no menoscaba el régimen de orden de detención europea", porque "sólo se puede recurrir" a ellos "cuando no se aplica el régimen de orden de detención", dice la sentencia.

Santesteban, que se opuso a su envío a España argumentando que sus delitos estaban prescritos en Francia, cumplió condena en ese país como jefe de electrónica de ETA. Durante su detención en Ciboure en 1999, la policía se incautó de 250 armas y 20.000 municiones así como material para fabricar 250 kilos de explosivo.

 

[hk]

Interior agrupa a destacados ex jefes de ETA en la nueva cárcel del Puerto de Santa María
elmundo.es - El Ministerio del Interior aprovechó la inauguración de la cárcel de Puerto III el pasado verano para comenzar a agrupar allí a antiguos dirigentes de ETA, con el objeto de "tomar la temperatura" del denominado 'frente de makos' y comprobar el alcance del hartazgo que se viene extendiendo entre parte de sus miembros, informaron fuentes de la lucha antiterrorista.

En ese grupo hay ex miembros del comité ejecutivo de la banda y antiguos jefes de distintos aparatos, algunos designados como interlocutores en las mesas negociadoras con los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar.

De los trasladados a El Puerto de Santa María, la mayoría con condenas centenarias y algunos perjudicados por la 'doctrina Parot', el más destacado dentro del colectivo es Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi', ex jefe 'militar' de ETA que llegó el 26 de octubre de 2007 procedente del centro penitenciario de Albolote (Granada) y que aún continúa en Cádiz. 'Txikierdi' sigue siendo portavoz oficial del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera).

Ataviado frecuentemente con una camiseta de la selección vasca de fútbol, 'Txikierdi' ha compartido paseos por el patio del módulo de aislamiento de Puerto III con el miembro de la comisión negociadora en las conversaciones de Argel Francisco Javier Zabaleta Elosegi, 'Waldo', con los designados interlocutores de una segunda reunión que no se llegó a celebrar con el Gobierno del PP José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', y Antxon López Ruiz, 'Kubati', y con otros antiguos dirigentes de ETA, como el que fuera 'número dos' de la banda Josu Arkauz Arana, 'Josu de Mondragon', o José María Dorronsoro Malaxeteberria, ex responsable de la estructura financiera de la banda, enmarcada en el 'aparato político'. Completa la lista Henry Parot, el jefe de uno de los comandos más sanguinarios de la banda.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, viajaron el 7 de junio de 2007 a El Puerto de Santa María para inaugurar la cárcel con la noticia reciente de la ruptura de la tregua, que se había producido apenas 48 horas antes. Allí, Rubalcaba dijo que las 1.214 celdas de Puerto III servirían para aliviar la sobreocupación del resto de cárceles de Andalucía, armonizando seguridad y "respeto" a los internos.

Como ocurre en la mayoría de los 66 centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, a Puerto III también se preveía trasladar presos de ETA. Cuatro días después, llegó a la prisión el primer recluso de la banda, José Antonio Enbeitia Ortuondo, un antiguo colaborador del 'comando Vizcaya' al que no se le concede ascendente en el seno de la organización, como a otros presos de ETA que han pasado por Puerto III y que no forman parte del "experimento", caso de Iñaki Bilbao Goikoetxea, conocido por los altercados y amenazas que protagoniza en los juicios de la Audiencia Nacional.

Goteo de traslados
El Gobierno esperó a que pasara el verano y, ya cometidos varios atentados de envergadura, comenzó el goteo de traslados a las 70 celdas del módulo de aislamiento de Puerto III. El 17 de octubre fue trasladado 'Kubati' y a la semana siguiente José María Dorronsoro y Henry Parot. Al mes siguiente, 'Josu de Mondragon' y 'Waldo', y ya en enero de 2008, el dirigente de Ekin Xabier Alegria, y en febrero, José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', quien ya no se encuentra en esa cárcel.

Desde el final de la tregua, Instituciones Penitenciarias ha podido recoger el descontento del colectivo de presos con el atentado de la T-4, que puso fin de hecho al alto el fuego, y que ahondó en el sentimiento de los presos de que no se les había tenido en cuenta en ninguna de las fases del proceso de paz. Igualmente, destacados reclusos expresaron sus críticas al asesinato de dos guardias civiles en Capbreton el 1 de diciembre del pasado año y que supuso el primer atentado cometido por ETA en suelo francés en 40 años de historia.

Es difícil sacar conclusiones
Sin embargo, las fuentes consultadas reconocen que la tarea de conocer el posicionamiento de muchos de ellos y sacar conclusiones definitivas sobre la postura del colectivo de presos respecto al fin de la violencia está resultando "complicada". En este sentido, no se atreven a aventurar si se terminará repitiendo una iniciativa como la carta escrita hace cuatro años por seis etarras, al frente de los cuales estaba Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', y en la que se abogaba por acabar con "la lucha armada", al constatar que ésta había sido superada por la "estrategia político-militar" del Estado. Como consecuencia del escrito, los seis firmantes fueron expulsados de ETA.



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Relación de "destacados" presos de ETA encarcelados en Puerto III:

Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi'. Lleva 23 años en la cárcel con más de 300 de condena. Se benefició de la amnistía de 1977 y llegó a ser jefe de los 'comandos ilegales' de la banda. Es uno de los portavoces autorizados del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK).
Henry Parot, 'Unai'. Dirigió en los años ochenta el comando itinerante 'Argala', compuesto por ciudadanos franceses, como él, y al que se le atribuyen, al menos, 38 asesinatos. Dio nombre a la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo en 2006 por la que los días de redención de condena, para los presos juzgados por el antiguo Código Penal, se dejan de descontar del máximo a cumplir, treinta años, y se hace sobre el total de la condena.
Francisco Javier Zabaleta Elosegi, 'Waldo'. Miembro del comité ejecutivo de la banda que negoció con el Gobierno de Felipe González en Argel en 1989. Fue el 'número dos' de la ETA de 'Pakito' hasta su detención en Francia en 1990. Cumple una condena de 342 años de cárcel y su excarcelación se ha retrasado en aplicación de la 'doctrina Parot'.
Antxon López Ruiz, 'Kubati'. Nombrado interlocutor en las negociaciones de Argel de 1999. Cumple 900 años de condena por seis asesinatos y también se ha visto perjudicado por la 'doctrina Parot'. El asesino de 'Yoyes' dirigió una carta a su compañera Belén González Peñalva en 1994 asegurando: "Ha llegado el momento de ser valientes y realistas. Y si hay que reconocer que la lucha armada, del modo que se realiza, es perjudicial para nuestros objetivos, se reconoce y punto".
José Maria Dorronsoro Malaxeteberria. Ex responsable del aparato político y financiero de ETA. En el momento de su detención, en agosto de 1993, se encontraron en su poder más de 100 discos de ordenador que sirvieron al juez Baltasar Garzón para iniciar la desarticulación de Xaki, antiguo aparato internacional de ETA, y comenzar las pesquisas contra el diario 'Egin'.
José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'. Miembro del Comité Ejecutivo de abril de 1997 a enero de 2000. Fue jefe de los 'comandos ilegales' y nombrado interlocutor de ETA para la segunda reunión con los enviados del Gobierno de Aznar, junto a 'Kubati' y 'Tenera', que finalmente no se llegó a producir. Ya no se encuentra en Puerto III.
Josu Arkauz Arana, 'Josu de Mondragon'. Ex 'número dos' de la ETA que encabezaba 'Santi Potros' y luego miembro del comité ejecutivo que encabezaba 'Pakito', tras la detención de 'Waldo'.
Xabier Alegría Eloinaz, 'Talibán de Lezo'. Fue detenido en 2001 como miembro del 'Gune' (núcleo) de Ekin y su declaración ante la Guardia Civil facilitó un esquema preciso del 'quién es quién' del MLNV.