Uno de los guardias civiles que fueron responsables de la investigación de la denominada Operación Panzer contra el colectivo neonazi Frente Antisistema (FAS), ha declarado hoy que las incautaciones (de armas y parafernalia) se decidieron por temor a posibles agresiones.
Este agente, testigo protegido en la segunda sesión del juicio que se celebra en Valencia contra 18 supuestos neonazis, ha explicado que la Guardia Civil intentaba evitar las agresiones que, de acuerdo con las escuchas telefónicas, planeaba este grupo, aunque ha reconocido que no tuvieron constancia ni de denuncias ni de parte alguno de lesiones.
La sesión, cuyo inicio estaba previsto para las 10, ha empezado con más de una hora de retraso debido a la ausencia de dos de los quince procesados que se sientan en el banquillo de los acusados, una mujer, que según su abogado no encontraba aparcamiento, y un hombre cuyo letrado ha presentado un informe médico que recomendaba un día de reposo a su defendido.
El presidente del tribunal ha ordenado que el acusado se presentase de forma voluntaria y ha advertido que de no hacerlo iría la policía a buscarle.
El juicio se celebra con la presencia de quince de los dieciocho procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla (Valencia), dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno esta ingresado en un centro psiquiátrico.
El guardia civil que dirigió las investigaciones ha declarado que esta supuesta banda de neonazis organizó «cacerías» de «guarros o punkis» en Villena (Alicante) y que, para evitar agresiones, se «desplegó un equipo».
Este agente ha explicado que varios de los imputados hicieron referencia en sus conversaciones telefónicas a una supuesta paliza a un «punki», aunque ha reconocido que no se halló denuncia ni parte de lesiones, si bien hay constancia de que algunos de los procesados estuvieron en Villena y realizaron una pintada con simbología fascista.
«A posteriori teníamos conocimiento de agresiones» -ha explicado este testigo- que no se pudieron constatar, «pero el riesgo era inasumible y por eso se decide incautar», ha añadido.
Este agente ha enumerado otras supuestas tentativas de delitos, como robos o estafas, que al parecer planeó este colectivo y ha explicado que disponían de una página web para la venta de libros sobre teorías negacionistas del holocausto y temas similares, pero la Guardia Civil no constató ninguna venta.
El tribunal ha considerado legales y válidos los registros domiciliarios realizados a los procesados, en los que se incautaron numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños americanos, con los que, según la Guardia Civil, los procesados propinaban palizas a sus víctimas.
En contra de lo argumentado por las defensas, el tribunal no ha considerado que fuese necesario la presencia de defensa letrada en el momento de producirse los registros domiciliarios.
En la fase testifical ninguno de los quince procesados han respondido a las preguntas del Fiscal ni la acusación popular, y únicamente cinco han respondido a cuestiones breves planteadas por sus defensas en las que han negado relación alguna con FAS, haber pagado cuotas o participado en actividad alguna organizada por este colectivo.
A lo largo de la sesión se han producido cierta tensión dialéctica entre el presidente del tribunal y el abogado de la acusación popular -que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acció Cultural del País Valencià- por negarse éste a entregar las preguntas por escrito para dar agilidad a la sesión, ya que ningún acusado las ha respondido.
«No quiere colaborar, no hay más remedio que transigir, desde el principio el juicio se desarrolla por unos derroteros que no son los de la buena fe procesal», ha lamentado el juez Pedro Castellano, que ha cortado los interrogatorios del abogado en varias ocasiones.
