La Inspección de Trabajo ha diseñado su programa de actuaciones para 2015 que, entre otras prioridades, potenciará campañas que inciden en la calidad del empleo, vigilando la contratación irregular y el tiempo de trabajo, aspectos en los que vienen insistiendo los sindicatos que mes a mes insisten en la precariedad del empleo generado durante 2014.
El pasado martes se reunió en Valladolid la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, junto al subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro. En este encuentro, en el que se aprobó el citado plan de actuaciones para el año que viene, estuvieron también el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán Enciso, y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, Carlos Díez Menéndez, junto a representantes de la Delegación del Gobierno y de la Tesorería de la Seguridad Social.
El citado programa cuenta, como en años anteriores, con cuatro áreas, dos de competencia de la Comunidad Autónoma (prevención de riesgos laborales y relaciones laborales) y otras dos competencia del Estado (Seguridad Social y economía irregular).
En las dos primeras, la Junta de Castilla y León prevé un total de 1.207 actuaciones en la provincia de Segovia durante el año próximo, 779 en materia de prevención de riesgos laborales y 428 en el ámbito de las relaciones laborales.
En cuanto a la segunda, se prevé una campaña específica de control del fraude en la contratación, dirigida en especial a los sectores de comercio y hostelería, con un total de 76 actuaciones programadas en la provincia de Segovia.
Otra campaña pretende controlar el cumplimiento efectivo de los requisitos de los contratos formativos, tanto la adecuación de la formación del trabajador al puesto de trabajo como el cumplimiento de la empresa de los requisitos para impartir la formación. Hay 14 actuaciones previstas en Segovia en este sentido de cara a 2015 y otras tres para el control de prácticas no laborales en empresas.
Respecto a la prohibición de encadenar determinados contratos temporales, se controlarán especialmente los sectores de comercio (sobre todo supermercados), hostelería y hospedaje, a través de quince actuaciones.
Para el control de la subcontratación en el sector de la construcción se han programado cinco actuaciones en la provincia y en este mismo sector económico, otras siete para el control del tanto por ciento de trabajadores fijos y una para vigilar los procesos de subrogación en empresas de servicios para que no supongan una modificación fraudulenta de las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Aquí se controlará de forma preferente a los sectores de limpieza, telemarketing y vigilancia privada, aunque la Inspección sañala que en su mayor parte este tipo de situaciones se lleva a cabo previa denuncia.
Otras once actuaciones están dirigidas a agencias privadas de colocación, empresas de trabajo temporal y cesión ilegal de trabajadores, principalmente en el sector agroalimentario (al menos el 20 por ciento de la campaña).
En las empresas con cincuenta o más trabajadores, la Inspección de Trabajo comprobará mediante diez actuaciones en Segovia que cumplen el requisito legal de que al menos un 2 por ciento de ellos tiene una discapacidad.
La Junta de Castilla y León ha tratado de adecuar el programa de Inspección de Trabajo para el año que viene “a la realidad existente tras la reforma laboral” y una de las campañas específicas, con dos actuaciones previstas en Segovia, tiene por objeto comprobar los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
También se han programado 20 actuaciones para comprobar las condiciones de trabajo en lo relativo a la jornada laboral, incluyendo la de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, con aproximadamente la mitad del total de esas intervenciones de la Inspección. Los sectores preferentes para esta campaña son hostelería, comercio (incluyendo supermercados), empresas del sector financiero, empresas de restauración colectiva que prestan sus servicios en centros educativos, las de ayuda a domicilio y sectores textil y de limpieza.
Además, un total de sesenta actuaciones vigilarán las condiciones de trabajo en empresas sujetas a EREs, expedientes de clasificación profesional y expedientes de modificación de condiciones laborales.
Para evitar la discriminación se han programado diez actuaciones para proteger a los inmigrantes en sectores como agricultura y ganadería, hostelería, grandes superficies comerciales e industria manufacturera y una actuación en materia de igualdad por ideologías, orientación sexual, afiliación sindical o representación de los trabajadores, entre otras.