Policía Nacional

La Policía rastrea teléfonos para identificar a los saboteadores del AVE

La Audiencia Nacional investiga si el sabotaje que sufrió el jueves el AVE Madrid-Barcelona-Francia y que afectó a más de 13.000 viajeros pudo ser un acto terrorista. Entre otras medidas, el juez ha autorizado a la Policía a rastrear los números de teléfono que se encontraban en la zona.

La decisión de abrir la investigación por posible delito terrorista la la adoptó el mismo jueves el magistrado Juan Pablo de González, quien se encontraba de guardia en el tribunal cuando llegó una comunicación de la Policía Nacional. Una primera comunicación en la que el cuerpo policial ya reclamó al instructor una serie de medidas para avanzar en la investigación. La principal, una auto- rización para examinar los datos de los teléfonos móviles de la zona del sabotaje en el momento en el que se produjeron los hechos.

El juez accedió a la medida, lo que supone que los investigadores podrán conocer los terminales que estaban activos en las antenas de telefonía que daban cobertura a la zona donde se produjo el corte, entre las localidades barcelonesas de Gelida yVilafranca del Penedès, a 60 kilómetros aproximados de Barcelona. Los agentes también podrán solicitar los datos de los titulares de las líneas.

El delito por el que la audiencia ha abierto diligencias es el que castiga con hasta 20 años de cárcel los «estragos» que afecten a infraestructuras clave, entre las que se encuentran los ferrocarriles, cuando haya riesgo para la vida (hasta ocho si no existe ese riesgo). Fuentes próximas al caso indican que en la decisión de abrir diligencias se añade que el delito de estragos estaría relacionado con el que castiga la pertenencia a una organización terrorista.

Fuentes jurídicas aseguraron ayer que no se prevé que la investigación prosiga mucho tiempo en la Audiencia Nacional. Salvo que las pesquisas apuntaran que el sabotaje tuvo carácter terrorista -algo que ven improbable- este tribunal no sería competente para seguir con el caso, que debería pasar a un juez del lugar donde se produjeron los hechos. Algunas fuentes interpretan que el Gobierno está interesado en dar realce a lo sucedido y que ese es el motivo de que el Ministerio del Interior se dirigiera al tribunal de mayor proyección.

De hecho, la existencia de una investigación en el tribunal antiterrorista fue anunciada por la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien tachó el incidente «de gravedad extrema». También reclamó que «se llegue hasta el final» en una investigación en la que están implicados los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. Este último cuerpo se sumó a las pesquistas después de que el Ministerio de Fomento presentara una denuncia en una de sus comisarías el jueves, mientras que la policía autonómica actúa por ser el cuerpo competente en Cataluña.

Los Mossos son, precisamente, protagonistas indirectos del sabotaje después de haber recibido críticas de miembros del Gobierno por su presunta falta de implicación en la seguridad del trazado ferroviario. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer que en Cataluña «no ha habido tanta atención como hubiese sido deseable» en la vigilancia policial del AVE y en la lucha contra las bandas responsables del robo de miles de kilos de cobre.

La Generalitat, en cambio, optó por evitar el cuerpo a cuerpo con elGobierno y se limitó a reivindicar el «gran trabajo» que su policía realiza para frenar a las bandas especializadas. El conseller de Interior, Jordi Jané, salió en defensa de los Mossos con «datos objetivos» para responder a Catalá. Según las estadísticas de la policía catalana, en los últimos cinco meses se ha reducido el robo de cableado de cobre en un 35% en un territorio que acumula más del 40% de este tipo de sustracciones en todo el Estado. Los Mossos también han realizado 15 detenciones desde inicios de septiembre.

Los datos aportados por Jané, sin embargo, no encajan tampoco con lo sucedido el jueves.Los investigadores de la Policía y los Mossos coinciden en que el momento en el que se produjeron los cortes -a plena luz del día– y la elección concreta de dos tramos de cableado de fibra óptica -sin valor en el mercado negro, al contrario que el cobre- en ambos sentidos de la marcha, constatan que fue un sabotaje.

El único dardo que Jané lanzó contra el Gobierno fue cuando recordó que «la seguridad del trazado ferroviario también es cosa de su titular». Es decir Adif, dependiente del Ministerio de Fomento.

Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2015/10/10/56181d5d268e3e677b8b459a.html